Ciudad de México.- Tener a una Presidenta científica que se ha comprometido a hacer de México una “potencia tecnológica y de innovación” no ha sido garantía para que la inversión en dicho sector se fortalezca.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para este 2026 el Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) contará con 160 mil 843.8 millones de pesos, que es apenas un poco más de los 159 mil 275.2 millones -sumando recursos fiscales y propios- que tuvo el año pasado.

“No hay ningún aumento porque eso no está por encima de la inflación. Eso es muy claro”, observa en entrevista Brenda Valderrama, doctora en Investigación Biomédica Básica.

Es decir, tal incremento nominal de sólo 0.98 por ciento es inferior a la inflación estimada para 2026, que será de 3.5 por ciento, y todavía menor al deflactor del PIB estimado en los Criterios Generales de Política Económica, de 4.8 por ciento.

“El incremento es menor a la inflación, con lo que en términos reales representa una reducción del 3 por ciento con respecto al 2025″, remarca vía telefónica Valderrama, académica del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM y autora del libro 360 grados, Una visión panorámica de la Política Científica en México, 1985-2019.

En total, son 17 las entidades gubernamentales que participan en la ejecución de esos 160 mil 843.8 millones de pesos del Anexo 12 del PEF, y, tal como viene sucediendo desde hace algunos años, la que concentra la mayor cantidad de recursos es la Secretaría de Educación Pública, identificada como Ramo 11, con 106 mil 496 millones de pesos.

En contraste, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), o Ramo 38, tendrá 37 mil 360.8 millones de pesos. Esto es apenas un tanto más que los 36 mil 303.7 millones -entre recursos fiscales y propios- de los que dispuso en 2025.

Esto plantea un desafío importante, pues con tan ajustada bolsa la dependencia que encabeza la bióloga Rosaura Ruiz, y que acaba de cumplir un año de haber entrado oficialmente en operación, debe financiar, entre otras cosas, tanto becas de posgrado y apoyos a la calidad como el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), además de los 25 Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina.

Tan sólo durante el ciclo escolar 2023-2024, el entonces Conahcyt, antecesor de la Secihti, otorgó becas y apoyos nacionales a 44 mil 550 personas. Al menos hasta el primer trimestre de 2025, el SNII sumaba 44 mil 889 integrantes. Y en los CPI se sigue lidiando con los efectos tras la eliminación de los fondos y fideicomisos de Investigación.

A la pregunta sobre si habrá financiamiento suficiente para tales comunidades, Valderrama señala quiénes tendrán más dificultades.

“Mira, te puedo decir que los Centros Públicos de Investigación van a seguir sufriendo gravemente de la reducción de recursos. Eso parece que ya es sistémico, que hay una política pública de debilitamiento de los CPI, y que (las autoridades en turno) no se apartan del renglón, no tienen intención de cambiarlo”, lamenta la académica del IBt.

Cabe destacar que si el presupuesto de la Secihti para este año asciende a los referidos 37 mil 360.8 millones de pesos eso es gracias al incremento de 2 mil 500 millones que se aprobó en la Cámara de Diputados, lo cual vendría a subsanar los escasos 691 millones destinados originalmente a los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces).

“Eso no alcanzaba para abrir una convocatoria nueva, ni siquiera para pagar los proyectos que ya estaban vigentes. Era un grave error de diseño del presupuesto que fue corregido en el presupuesto final”, comenta Valderrama.

En términos generales, es de extrañar que aún cuando en el propio Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (PSCHTI) 2025-2030, publicado en septiembre pasado, se reconoce que México es la nación que menos invierte en investigación científica y desarrollo experimental entre los países integrantes de la OCDE, la Administración actual, encabezada por Claudia Sheinbaum, una científica, mantenga un presupuesto que ronda el 0.2 por ciento del PIB.

Incluso pareciera incongruente dado el perfil de la Presidenta, doctora en Ingeniería Ambiental de quien se presume en el PSCHTI haber “posicionado al sector de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación como una prioridad en la agenda del Estado mexicano”.

“Ella nunca fue una investigadora convencional, o sea, no era una investigadora que compitiera por recursos. Si tú ves su currículum, todas sus investigaciones fueron de gabinete; no era una investigadora que estuviera en la frontera de su campo”, opina Valderrama.

“Y lo mismo pasa con Rosaura”, prosigue: “Ninguna de las dos era investigadora de ciencia dura, digamos (…) Sin embargo, sí detecto, por lo menos de parte de Rosaura, que ha tenido más sensibilidad, y por lo pronto logró gestionar más recursos para la investigación y está generando más convocatorias”.

Opacidad y… ¿ciencia militar?

Si bien para este 2026 dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejaron de tener participación en el presupuesto del sector HCTI, ahora saltan a la vista la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre las dos, suman 261.8 millones de pesos para “investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior”, según se lee en el PEF.

Esto, no obstante, no es lo que más inquieta a Valderrama, sino la falta de transparencia con que se presenta ahora el presupuesto para el ejercicio fiscal de este año que inicia, sin el habitual desglose entre recursos fiscales y propios, además de estar parcialmente etiquetado.

“Como analista, estoy preocupada porque cada vez es más difícil obtener información pública; la opacidad es la regla de la casa. Este año solamente vamos a poder rastrear el ejercicio del 41 por ciento de todos los recursos que se asignan para ciencia en el País. En el 2012 podíamos rastrear el 72 por ciento”, compara la académica.

“Es decir, solamente vamos a poder saber en qué se gastaron 4 de cada 10 pesos de esos 160 mil millones. Eso es muy grave porque nos deja la impresión de que hay voluntad de inversión o de gasto, como quieras verlo, pero incapacidad para saber si sí se aplicaron correctamente”, agrega Valderrama.

Es, a decir suyo, responsabilidad de la titular de Secihti cuidar que el presupuesto se etiquete correctamente para que se le pueda dar el seguimiento.

Esa misma discrecionalidad subyace en el anuncio que hiciera la Presidenta en su conferencia matutina del pasado 23 de diciembre acerca de que la dependencia encabezada por Ruiz tendrá un incremento de 7 mil millones de pesos en su presupuesto “para apoyo al desarrollo científico y tecnológico y de humanidades, y de becas para posgrado, porque quedó muy limitado”.

“Yo no veo claro lo que dice de que va a haber 7 mil millones de pesos para ciencia”, observa Valderrama. “Sería bueno tener la aclaración: ¿Dónde se van a ejercer?, ¿cómo se van a etiquetar?, ¿quién los va a ejecutar?”.