Ciudad de México.- Para las organizaciones electorales, el Plan B simula austeridad y ahorros para obras, pero en el fondo busca controlar hasta los municipios y garantizarle, a través de la figura presidencial, el triunfo a Morena.
Pese a que esta segunda reforma electoral está “disminuida”, sí atenta contra la integridad electoral, pues no tiene ningún diagnóstico real sobre los ahorros.
“Esta lógica de recorte, presentada como austeridad republicana, reproduce paradójicamente la racionalidad neoliberal que el propio discurso oficial dice combatir: reducir el gasto público sin evaluar sus consecuencias sobre la calidad de los servicios que se prestan, en este caso, la organización de las elecciones y la deliberación legislativa”, afirman.
En su estudio, las organizaciones Laboratorio Electoral, Practica, Disentir y México Evalúa, “la conversión” de las elecciones intermedias en una campaña presidencial, al pretender que ese mismo día sea la Consulta de Revocación de Mandato, es el riesgo más grave del Plan B.El problema se agrava con la autorización para que las personas servidoras públicas y la propia Presidencia hagan campaña activa, lugar es violatoria de la Constitución.
“Introduce un efecto de arrastre (para bien y para mal de sus propios intereses) que desnaturaliza la revocación como instrumento ciudadano de control democrático del ejercicio de la autoridad.
“Los estándares internacionales de integridad electoral, particularmente los sistematizados por Norris (2014) y por la Comisión de Venecia (2002), exigen que los procesos de democracia directa operen bajo principios de neutralidad estatal. La propuesta colisiona frontalmente con estos parámetros y con la jurisprudencia del TEPJF”, indica el análisis.
Mientras que los límites para regidurías se plantea sin un diagnóstico de cuántos Ayuntamientos tendrían que modificar sus espacios en sus Cabildos, por lo que al final serán más los que aumenten que los que bajen.
“El atropello al federalismo resulta evidente: dictar desde el centro la composición exacta de los cabildos municipales e imponer un techo presupuestal uniforme a todos los congresos estatales. Subordina la soberanía de las entidades a una visión centralista de austeridad.
“Ni siquiera hay un estudio previo sobre el tamaño de los ayuntamientos del país, lo que eventualmente llevaría al absurdo de incrementar el número total de regidores en vez de disminuirlo en muchos casos”, señala.
Las organizaciones alertan que iniciar el cómputo el mismo día de la elección entorpece los recuentos de votos, por lo que lejos de brindar certeza, incrementa exponencialmente el riesgo de errores y
alimenta narrativas de fraude.
Las agrupaciones demandan al Congreso separar la consulta de Revocación y garantizar el blindaje a la neutralidad del Estado, al mantener la prohibición absoluta de que los servidores públicos promocionen la elección judicial o el sondeo presidencial.
Restablecer la paridad de género en la integración de los ayuntamientos; frenar el uso de recursos públicos con fines electorales; y reforzar los controles, sanciones y mecanismos de fiscalización para impedir la intervención gubernamental en la competencia política.
