Ciudad de México.– Los legisladores morenistas Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez, Javier Corral y Susana Harp, presentaron una iniciativa de reformas a diez artículos constitucionales para aplazar la próxima elección judicial de 2027 hasta 2028 y evitar en lo sucesivo la concurrencia de dicho ejercicio con otras elecciones federales.

Entre otros aspectos, los diputados y senadores de Morena plantearon asimismo “despolitizar la elección judicial”, eliminando los comités técnicos de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para integrar las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros, dejando esa responsabilidad a un Comité Único de Evaluación encargado del proceso de selección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y ya no el Senado de la República sería el encargado de expedir la convocatoria a las elecciones de jueces federales.

La iniciativa prevé incorporar una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) como requisito constitucional para aspirar a los cargos de juzgadores, además de eliminar la acreditación de un promedio académico determinado para sustituirlo con mecanismos de evaluación técnica estandarizada.

Mantiene la elección de los jueces por voto directo, pero elimina la previsión de que dicho proceso tenga lugar el mismo día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

“ La elección de personas juzgadoras prevista para el proceso electoral federal ordinario del año 2027 se realizará el primer domingo de junio de 2028”, puntualiza el proyecto en sus artículos transitorios.

De acuerdo con la exposición suscrita por los representantes del partido guinda, la iniciativa tiene los objetivos centrales de evitar la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales políticos, a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.

Asimismo, fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional, incorporando como requisito constitucional la acreditación de una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).

Se busca igualmente establecer criterios objetivos y homogéneos de evaluación, eliminando requisitos formales que no necesariamente reflejan competencias sustantivas, tales como promedios académicos específicos o documentación subjetiva, y sustituyéndolos por mecanismos de evaluación técnica estandarizada.

La propuesta restablece la elección de los presidentes de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial de entre sus miembros, y ya no en orden de prelación conforme al número de votos obtenidos por cada uno en las urnas.