Ciudad de México.- Al igual que especialistas y actores políticos, la organización Laboratorio Electoral acusa a Morena de hacer uso político de la consulta de revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum al adelantarla a junio de 2027.

Los argumentos del partido oficial para cambiar la fecha, como es aumentar la participación ciudadana en ese tipo de ejercicios y hacer uso eficiente de recursos, suenan “lógicos” y nadie que se diga “demócrata” podría estar en contra, afirma.

Sin embargo, añade, el fondo de la propuesta es que la Presidenta esté activa en la campaña, como lo hizo, de manera ilegal, su antecesor Andrés Manuel López Obrador, para favorecer a su partido en todos los cargos en disputa.

“Concluimos anticipadamente el posible uso político-electoral de este mecanismo cuyo origen y naturaleza deberían ser inminentemente ciudadano.

“No podemos ignorar el argumento político detrás de esta propuesta de reforma: impulsar la imagen de la persona titular de la Presidencia durante las elecciones intermedias. Se abriría la puerta a que la Presidenta impulsara las campañas de las candidaturas a la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y demás cargos que estarán en disputa en 2027″, considera.

Tanto en el proceso electoral como en la revocación de mandato, el titular del Ejecutivo federal tiene prohibido promover alguna candidatura o defender su Gobierno.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá realizar una campaña oficial sobre la revocación, lo que, consideran, ayuda indirectamente a Morena.

Por ejemplo, en la consulta sobre López Obrador en el 2022, éste no dejó de hablar sobre el tema en sus conferencias matutinas y eventos públicos, aunque lo tuviera prohibido. Incluso, el partido guinda, ante la limitante de participar, creó una organización “ciudadana” para promoverlo de manera ilegal.

En su análisis, Laboratorio Electoral afirma que sí es deseable incrementar la participación ciudadana, como presume Morena, pues en la consulta de 2022 la participación fue del 17.7 por ciento.

Pero la baja participación, considera, se debió a que la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto que solicitó el INE, por lo que las casillas se redujeron considerablemente, la promoción del ejercicio fue mínima y el tiempo para su organización fue insuficiente.

Recuerda que la elección judicial fue concurrente con los comicios partidistas en Veracruz y Durango, con el mismo argumento de austeridad, pero la poca afluencia se mantuvo, fue del 19 por ciento.

Aclara que tampoco habrá un ahorro considerable, pues los materiales electorales serán los mismos y deberá contratarse a más personal. Además de que habrá sobrecarga de trabajo para funcionarios del organismo, lo que también podría repercutir en la calidad del ejercicio.

“Como bien se evidencia en el proyecto (de Morena), tanto la Consulta Popular como la Revocación se ‘evidenciaron limitaciones operativas y de participación’, sin embargo omite incluir un análisis sobre por qué se dieron estas limitaciones: falta de recursos y tiempo suficiente de preparación de los mecanismos. No tenemos forma de saber qué hubiera pasado si, tan siquiera, se hubiera suplido uno de estos supuestos, por ejemplo, el de suficiencia presupuestaria.

“No hay eficiencia suficiente que supla la falta de recursos, carga excesiva de trabajo y falta de previsión para la realización de cualquier elección en México”, agrega.

De concretar su plan, demanda, se tendrá que garantizar que no habrá recorte presupuestal en el presupuesto que solicite el INE para la elección del 2027 y se tendrá que garantizar un modelo de comunicación que no beneficie al partido gobernante.

“No importa cuánto se busque economizar con la concurrencia electoral, si no se otorgan los insumos y cantidades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral, las condiciones en las que se realice cualquier mecanismo de participación o democracia directa van a seguir siendo subóptimas”, añade.