Nuestra generación, los que estamos en la quiniela de quién se va primero, nacimos, crecimos y vivimos en una escala de valores en la que la palabra y los juramentos eran nuestra cara; era tal el valor que se les daba, que el tema del divorcio pasó por muchas barreras hasta ser tolerado en algunas condiciones.

Siempre vivimos con el concepto de que un juramento era ineludible y quien no lo cumpliera era digno de rechazo y repudio.

El concepto de patria siempre lo interpretamos como una extensión del hogar, de la familia; estos dos representan la pertenencia y la seguridad.

La patria representa una obligación, pero también una seguridad. Esperamos siempre tener la protección de nuestra patria; esta la suponemos por el Estado de derecho y las instituciones con obligación de garantizar ese Estado de derecho y esa seguridad.

Sin caer en el fanatismo, sentimos el concepto de patria y país, haciéndolo semejante al fondo de una embarcación; si atentamos contra el suelo, estamos poniendo en riesgo nuestra propia integridad.

Cuando un ciudadano llega a la máxima magistratura de la nación, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan; lo mismo sucede con los legisladores y con los ministros y jueces del Poder Judicial.

Para el Poder Judicial siempre se buscó que quienes llegaran a dirigir o integrar la Suprema Corte fueran respetados juristas, acrisolados.

Nadie esperaría razonamientos cantinflescos en un serio proyecto presentado ante esa otrora respetable institución.

Hace unas semanas, ante el evidente saqueo de una alcaldesa de Acapulco, saqueo que supera los 800 millones de pesos, se turnó el caso a la Suprema Corte de Justicia. La respuesta fue que “como eran fondos provenientes del Gobierno federal, solo el Gobierno federal tiene poder sobre el acto de auditarlos”.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia paga salario a cientos de asesores, que deberían aportar razonamientos serios y legales, no artilugios legaloides.

Aun siendo recursos del Gobierno federal, al ser entregados al estado, este es ya propietario de dichos fondos; solo debe cumplir con las condiciones comprobables del manejo para, precisamente, evitar que uno o varios ladrones dispongan de esos fondos.

Esto es más grave aún, habiendo sido hace un año Acapulco el sitio de un huracán destructivo que provocó múltiples daños a la población de ese destino turístico.

La realidad es que el estado de Guerrero es feudo del violador múltiple Salgado Macedonio, quien, a través de su hija, parasita a la entidad.

Apoyados en la retórica cantinflesca de la 4T, pintan como traidor, vendepatrias y antimexicano a quien se queje del evidente robo.

Lo más ingenuo es creer que porque el actual presidente de la Suprema Corte tiene cara de indio, hará a un lado la vagoneta blindada, el coñac y la tarjeta de crédito para defender a los indígenas.