¿Quién, en el Estado mexicano, es capaz de inventar audios en los que aparece un opositor al Gobierno, en conversaciones comprometedoras?

¿Quién, en el Estado mexicano, autorizó el uso del dinero público para fabricar esas escuchas calumniosas y para pagar y fabricar su tendencia en redes sociales?

¿Para qué, con qué intención política se fabrica desde el Estado mexicano una persecución de esa envergadura, contra un opositor como Alejandro Moreno, líder nacional del PRI?

En efecto, se trata de una venganza de Estado contra uno más de los opositores al dictador de Palacio. Sí, uno más de muchos políticos, empresarios, intelectuales y periodistas que han sido perseguidos desde lo más alto del poder desde el arranque del actual Gobierno federal.

Pero tampoco existe duda de que la persecución tiene todas las características de un montaje de Estado para debilitar la alianza opositora que pactaron PRI, PAN y PRD.

Más aún, están a la vista de todos las huellas de un “cochinero” ordenado por el Presidente y cuyo objetivo es el creciente y recurrente “mensaje ejemplar”. Es decir, desde el poder presidencial se manda un mensaje claro, directo y contundente a políticos, legisladores y gobernantes del PRI, PAN y PRD que se han propuesto arrebatarle el poder a Morena, no solo en las elecciones estatales en curso sino en la presidencial del 2024.

Nos referimos, como saben, a la difusión ilegal y dolosa de supuestas conversaciones del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en las que exhibió la peor cara imaginable de un político; desear la muerte de sus críticos.

Y es que en las “escuchas” difundidas por la Gobernadora de Campeche, Laida Sansores, Alejandro Moreno dice que a los periodistas “no se les mata a balazos, sino de hambre”. ¿Es real tal aseveración?

Al final de cuentas, quedó claro que las supuestas conversaciones de “Alito”, no fueron más que una burda alteración elaborada y difundida con dinero público y metidas a los canales de propaganda del Gobierno federal, con la intención de debilitar la imagen del jefe nacional del PRI y de la alianza opositora.

En pocas palabras –y a pesar de lo que respondió ayer el Presidente– se confirmó que López Obrador, su partido y su claque política son capaces de todo. Y todo es todo.

Capaces, por ejemplo, de fabricar culpas y llevar presos a los opositores, de manera ilegal, como fueron los casos de Rosario Robles, del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, del empresario Alonso Ancira y de muchos otros.

Capaces de difamar y calumnias a periodistas con la finalidad de desacreditarlos ante la opinión pública y hasta son capaces de pagar millones de pesos para la difusión en redes a fin de lograr tal descrédito.

Capaces de mentir y engañar de manera burda y delirante, con tal de preservar el poder; capaces de solapar violadores y criminales para llevarlos al poder, sea en el Congreso, sea en gobiernos estatales como los de Guerrero, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California, San Luis Potosí y Nuevo León.

Y son capaces de fabricar supuestas conversaciones telefónicas, de alterar su contenido y de presentarlas como ciertas, ante una opinión pública cada día más desencantada del Gobierno de López Obrador.

Pero la buena noticia es que frente a la venganza de Estado lanzada contra Moreno Cárdenas, a diario son menos los ciudadanos que dan crédito a las artimañas contra los opositores y a las venganzas de Estado.

Y el mejor ejemplo fue la respuesta contundente de “Alito”, quien el martes difundió un audio auténtico, en el que se escucha una conversación con el senador del PVEM, Manuel Velazco, que detalla la forma como desde Palacio se ordenó la persecución en su contra.

Según la conversación, López Obrador le pidió a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López –en presencia de Velazco– que convenciera a Alejandro Moreno para alinearse con el Gobierno en el caso de la reforma eléctrica.

El líder del PRI se negó a someter a los diputados de su partido a la línea dictada desde Palacio y, sobre todo, rechazó el chantaje propuesto por el senador del Verde.

Sin embargo –y a pesar de lo que respondieron López Obrador y el propio Manuel Velazco– lo cierto es que la grabación es contundente y no deja dudas de que desde Palacio se ordenó presionar a Moreno Cárdenas, amenazarlo y pretender doblarlo a costa de lo que sea.

También queda claro que el líder nacional del tricolor se mantuvo firme, congruente y contundente, crítico y contrario al fallido Gobierno de López Obrador, al que cuestionó abiertamente.

Horas antes, Alejandro Moreno, había presentado evidencia que demuestra que fue alterado el audio que había compartió Sansores, Gobernadora de Campeche, en donde supuestamente decía que a los periodistas “había que matarlos de hambre”.

Al final “Alito” resumió así la escaramuza: “Morena demuestra, una vez más, que no tiene límites y que están dispuestos a violar la ley, a manufacturar pruebas y a sembrar evidencias falsas, con tal de amedrentar a sus opositores y distraer a la población de los temas urgentes”.

En efecto, la guerra contra el líder nacional del PRI no es más que una venganza de Estado, ordenada desde Palacio por el mayor violador de la Constitución, llamado López Obrador.

Al tiempo.