Saltillo
Por
Redacción
Publicado el viernes, 18 de septiembre del 2026 a las 13:46
Saltillo, Coah.- Víctimas del fraude millonario ocurrido en 2024, cometido presuntamente por María Concepción N, alias Connie, quien operaba la empresa Flujo Financiero S.A. de C.V., señalaron que continuarán exigiendo avances en el proceso judicial iniciado contra los probables responsables.
De acuerdo con uno de los afectados, el proceso judicial que enfrenta “Connie” L.V., no ha avanzado desde que fue vinculada a proceso, en septiembre del 2024, pese a que la etapa de investigación concluyó desde hace más de un año.
El afectado mencionó que el esposo de Connie, Jesús N., fue detenido en Tonalá, Chiapas, posteriormente trasladado a Torreón y también quedó vinculada a proceso, encontrándose el proceso en etapa de investigación.
Sin embargo, los afectados manifestaron su preocupación por lo que consideran acciones dilatorias dentro de los procedimientos judiciales, pues aseguran que, a más de dos años de iniciadas las denuncias, todavía no se ha logrado una sentencia.
Mientras que, en casos como el de Fraude Inmobiliario que recientemente se destapó en Torreón, las víctimas ya lograron una reparación del daño.
También solicitaron que Connie N sea trasladada a Centro Penitenciario de Torreón, pues es donde se concentra la mayor cantidad de víctimas de este fraude millonario, asimismo el llamado es para que se avance en el aseguramiento o embargo de bienes y cuentas que pudieran estar relacionados con el caso.
El denunciante afirmó que las víctimas han buscado el respaldo de autoridades judiciales y estatales para garantizar que el proceso se desarrolle conforme a derecho, por lo que hicieron un llamado al Magistrado Presidente del Poder Judicial, Felipe Mery Ayup, para que se haga justicia y se dicte sentencia de manera inmediata.
Asimismo, reconoció el apoyo que han recibido del Fiscal General del Estado, Federico Fernández.
Finalmente, los afectados advirtieron que, de no obtener respuestas favorables, podrían realizar manifestaciones frente a las instalaciones de tribunales y otras autoridades, al considerar que es necesario garantizar justicia y evitar que los procesos se prolonguen en beneficio de los acusados.
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