Toluca.- Carlos Felipe Sánchez Florentino, tesorero municipal de El Oro, acusó a la alcaldesa morenista, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, de apoderarse ilegalmente de las cuentas bancarias del Ayuntamiento desde el 19 de diciembre pasado.

En tanto, habitantes del municipio arrojaron vísceras a las afueras de la alcaldía en protesta por fallas en la recolección de basura, la dotación de agua potable, el suministro de energía eléctrica y el cierre del rastro municipal.

A través de un comunicado fechado el 14 de enero de 2026, el tesorero municipal aseguró que desde finales de año le fue impedido, con apoyo de la fuerza policiaca, el acceso a la Tesorería, por lo que se deslindó del manejo de recursos locales a partir de entonces.

Afirmó que sobre los hechos ya tiene conocimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por el posible manejo arbitrario de los recursos públicos en agravio de la población de El Oro.

Acusó que la alcaldesa habría autorizado pagos por aproximadamente 40 millones de pesos a empresas constructoras, sin la firma del director de Obras Públicas ni del tesorero, lo que resulta violatorio de la ley, y que habría utilizado recursos para la adquisición de camionetas, mientras el municipio enfrenta una grave crisis de servicios públicos.

Este día, vecinos del municipio arrojaron, con apoyo de un camión de volteo, vísceras de cerdo y res a las afueras del Palacio Municipal, en protesta por las constantes fallas en la prestación de servicios públicos desde hace varios meses y por el cierre del rastro municipal, lo que, señalaron, ha afectado la economía local que depende en buena medida del turismo.

Los habitantes exigieron la celebración de un cabildo abierto, respuesta y solución por parte del Ayuntamiento, y transparencia en el uso de los recursos públicos.

La noche de este viernes, acompañada por sólo tres integrantes de su cabildo, Díaz Peñaloza intentó celebrar una asamblea informativa con los habitantes; el encuentro, sin embargo, concluyó sin éxito después de dos horas en las que se escucharon más reclamos que soluciones.

A principios de noviembre pasado, un grupo de regidores de todos los partidos políticos solicitó al Congreso local la destitución de la edil; no obstante, Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aclaró que la petición debe ser promovida por la titular del Ejecutivo estatal, Delfina Gómez Álvarez, lo que no ha ocurrido.

Entonces, el síndico morenista Ubaldo Velázquez; la segunda regidora ecologista, Melissa González; la tercera regidora, Claudia Moreno; el cuarto regidor, José Dolores; la quinta regidora priista, Fernanda Aldana; la sexta regidora panista, Erika Rodríguez, y el séptimo regidor tricolor, Agustín Bastida, acusaron a la presidenta municipal de incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, y de tener en el caos y la ingobernabilidad al municipio.

Los pobladores ya se habían manifestado en la localidad para exigir la salida de la alcaldesa por las deficiencias de servicios.