Del refranero popular: “Bajo advertencia no hay engaño”.

Y viene a cuento la voz popular porque según el diario norteamericano, Los Ángeles Times —en su edición del lunes 27 de abril—, el Gobierno de Trump prepara una verdadera cacería de narcopolíticos mexicanos del partido oficial, Morena.

Según el periodista Steve Fisher, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habría confirmado la existencia de una primera lista de políticos mexicanos vinculados con cárteles criminales a los que se otorga protección desde el propio Gobierno federal.

La estrategia consistiría en pasar de la especulación a las denuncias concretas —y a la presentación de pruebas en tribunales federales norteamericanos—, contra políticos mexicanos que mantienen relación con los grupos mafiosos.

Y es que el Gobierno norteamericano habría llegado a la conclusión de que no basta con perseguir a los capos de la droga y del crimen organizado, sin acabar —al mismo tiempo—, con la estructura política que los sostiene y les brinda total impunidad ante la ley mexicana.

Es decir, que al tiempo que se persigue y captura a los jefes de los grandes cárteles del crimen organizado, se presentarán denuncias y se exhibirán las pruebas contra los políticos mexicanos vinculados a esas mafias, a las que brindan protección oficial.

Pruebas que, por cierto, han salido de las declaraciones arrancadas a criminales que ha llevado presos el Gobierno norteamericano, como es caso de “Los Chapitos”, “El Mencho” y hasta el dictador Nicolás Maduro, un socio prioritario de los cárteles mexicanos.

Y el mejor ejemplo de los políticos mexicanos a los que monitorea con especial interés el Gobierno de Washington, es el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien le habrían retirado la visa norteamericana hace casi un año y quien podría ser el primero en caer.

Frente a la contundente revelación en Los Ángeles Times, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó el mismo lunes y en su “mañanera” dijo que su Gobierno “no cubrirá a nadie”, pero advirtió que se deberán ofrecer pruebas contundentes antes de iniciar cualquier persecución política.

Pero vamos al paso a paso.

Todo empezó con el mensaje que pronunció el embajador Ronald Johnson, en Sinaloa, el 23 de abril de 2026, durante la inauguración de una planta de metano, evento que pretendió ser boicoteado por personeros del Gobierno de Rocha Moya.

Durante su intervención en Los Mochis, el embajador norteamericano dijo lo siguiente: “La corrupción no sólo ralentiza el progreso, sino que lo distorsiona; aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados… Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.

Y añadió: “La inversión privada necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción; la inversión es como el agua, fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara, la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. (FIN DE LA CITA)

El mensaje pareció claro; el Gobierno de Estados Unidos está listo para iniciar una cacería de políticos mexicanos vinculados con los poderosos cárteles del crimen organizado.

Y no fue casual que el mensaje haya sido pronunciado en Sinaloa, territorio de uno de los cárteles más poderosos y que ha sido capaz de llevar al poder a políticos mexicanos que despachan en los tres órdenes de Gobierno —el federal, los estatales y municipales—; grupo mafioso que, además inauguró la práctica de llevar al Congreso de la Unión y a los congresos locales, a los “narcolegisladores”.

Está claro que no sabemos hasta donde llegará el Gobierno de Trump pero, por lo pronto, ya puso a temblar a todos en Morena, el partido mexicano en el poder.

Al tiempo.