Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre avances significativos en su estrategia contra la impunidad, logrando la vinculación a proceso de dos exservidores públicos por el delito de enriquecimiento ilícito, así como la inhabilitación y sanción económica a otros dos funcionarios por faltas administrativas graves.

Casos de enriquecimiento ilícito

Tras concluir las investigaciones patrimoniales correspondientes, las autoridades presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), derivando en las siguientes resoluciones judiciales:

– Ramón “N”: Adscrito anteriormente al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Baja California, fue vinculado a proceso por un juez de Control tras detectarse un incremento injustificado en su patrimonio de 7 millones 268 mil 750 pesos, acumulado entre 2012 y 2017.

– Armando “N”: Exservidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien no pudo acreditar la procedencia legal de 6 millones 500 mil 496 pesos en sus bienes durante el periodo de 2010 a 2017.

La dependencia subrayó que, en ambos casos, se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de los imputados conforme a la ley.

Sanciones administrativas en Infotec

En una vertiente paralela, la Unidad de Combate a la Impunidad acreditó faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec). Ante estos hechos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó las siguientes sanciones por abuso de funciones en la asignación de recursos:

– Hilda M. (Directora Adjunta de Administración): Inhabilitación para el servicio público por diez años y una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos.

– Carlos R. (Gerente de Consultoría de Negocio): Inhabilitación por veinte años y una sanción económica equivalente a la de su excolega, por 10 millones 909 mil 784 pesos.

Compromiso institucional

La Secretaría Anticorrupción enfatizó que el combate a las irregularidades en el servicio público es una prioridad y llamó a la ciudadanía a fortalecer la vigilancia.

” “Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no sólo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”, manifestó la dependencia, subrayando que cualquier acto de corrupción constituye una traición a la confianza ciudadana que debe ser sancionada conforme a derecho.