Chihuahua.- Un juez de Chihuahua abrió el primer proceso al ex Fiscal Estatal, César Jáuregui, por la presunta participación de agentes de la CIA en el operativo en el que fue localizado un narcolaboratorio en la Sierra de El Pinal, en abril pasado.

Luis Alberto Simental Ortega, juez del fuero común de la capital del Estado, vinculó a proceso al ex funcionario por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, pero no por el ilícito de coalición.

Jáuregui compareció por videoconferencia desde el Penal del Altiplano ante el juez, en una audiencia que inició a las 11:00 y concluyó después de las 20:00 horas.

En la diligencia, el juzgador le fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, espacio previsto para que la Fiscalía de Chihuahua y la defensa del ex funcionario reúnan sus respectivos datos de prueba.

“De manera muy incongruente, con los mismos datos de prueba, el juez tiene por acreditado el delito de ejercicio indebido de funciones, pero por otro lado, con esos mismos datos de prueba, él determina que no existe el delito de coalición, en virtud de que no se tuvo por demostrada esta coexistencia de un acuerdo para afectar de manera alguna y violar una ley administrativa, como sugiere el tipo penal de coalición, al haberse -dice él- llevado a cabo un operativo para desarticular un narcolaboratorio”, explicó en entrevista Héctor Villasana, abogado de Jáuregui.

De acuerdo con su abogado, el juez no modificó las medidas cautelares dictadas el sábado pasado, es decir, la firma mensual y las prohibiciones de acercarse a testigos y de salir del país, motivo por el que también le ordenaron entregar su visa y pasaporte. La razón, expuso, es que no han variado las condiciones que llevaron a fijarle dichas obligaciones procesales.

Por lo pronto, Jáuregui continuará internado en el Penal del Altiplano, donde está sujeto desde la madrugada del miércoles a la prisión preventiva de oficio en una causa penal en la que está imputado por el delito de traición a la patria.

Mismos hechos

Tanto la imputación del fuero común como la federal se basan en los mismos hechos, es decir, en la participación de agentes de la CIA en el operativo en el que fue desmantelado un narcolaboratorio de drogas sintéticas en un predio de la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, el 18 de abril pasado.

La Fiscalía de Chihuahua pretende que Jáuregui sea sancionado penalmente porque presume que, por su posición en la cadena de mando, estuvo enterado y ocultó información de la participación de los estadounidenses, ya que sus declaraciones ministeriales son contradictorias.

Mientras que el delito que le atribuye la FGR se basa en la suposición de que realizó actos contra la independencia y la soberanía nacional “con la finalidad de someterla a un grupo extranjero”.

La participación de los estadounidense trascendió luego de que la madrugada del 19 de abril, tras el desmantelamiento del laboratorio, Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, así como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, agentes de la CIA, murieran en un accidente automovilístico.

En el narcolaboratorio, días después la FGR aseguró 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, y casi 2 mil litros de metanfetamina.

El sábado pasado el ex funcionario fue detenido en la capital del estado, con base en la orden de aprehensión librada por el juez Simental, por los dos delitos mencionados, uno de los cuales ha sido descartado esta noche.

El mismo día fue puesto a disposición del juzgador, quien al término de la audiencia inicial rechazó imponerle la prisión preventiva justificada, al no estar acreditado el riesgo de fuga, y le concedió la libertad provisional, bajo las medidas ya referidas, mientras se definía su situación jurídica.

Al salir de la sala de audiencias, la noche del mismo sábado, la Fiscalía General de la República lo detuvo, con base en una orden de aprehensión federal por el delito de traición a la patria y lo trasladó al Altiplano.

En esta segunda causa penal, la orden de aprehensión fue girada la noche del mismo sábado por Mariana Vieyra Valdés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

El lunes, dos días después de librar el mandato de captura, Vieyra renunció al cargo de juez y por ello Ricardo Alfonso Santos Dorantes fue designado como el nuevo responsable de la causa judicial.

En el expediente federal, Santos Dorantes le impuso la prisión preventiva de oficio en el Altiplano.

Al mismo tiempo, por solicitud de la defensa, duplicó el plazo para resolver su situación jurídica y citó a una audiencia para el próximo sábado a las 15:00 horas para definir si lo vincula o no a proceso por traición a la patria.