Ciudad de México.- Una juez federal vinculó a proceso a tres altos funcionarios de la desaparecida Procuraduría General de la República y les impuso la colocación de un brazalete electrónico y el pago de una garantía de 10 millones de pesos, para continuar en libertad.

Los procesados son Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR; Vidal Díazleal Ochoa, ex director de la Policía Federal Ministerial; y al Contralmirante César Ramírez Torralba, ex director General Adjunto del Centro Técnico de Control de la SEIDO.

La imputación por la que quedaron vinculados al procedimiento es por la supuesta adquisición indebida de 24 camionetas con equipo de espionaje, por alrededor de 800 millones de pesos, con recursos de la partida para Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

La juez de control Beatriz Moguel Ancheyta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, fraude específico y asociación delictuosa, según informes judiciales.

Aunque la Fiscalía General de la República pidió imponerles la prisión preventiva justificada, la juzgadora rechazó autorizarla y en su lugar impuso a los procesados la obligación de usar un brazalete electrónico, no salir de la entidad federativa en la que viven o llevan el proceso, no acercarse a instalaciones o funcionarios de la FGR y cubrir una garantía de 10 millones de pesos.

A Gómez y Ramírez les impusieron un plazo de tres semanas para cubrir la garantía, de las cuales ya ha transcurrido una; de incumplir con esta obligación, serán ordenadas sus aprehensiones.

Al mismo tiempo, le fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo en que la FGR y los defensores reunirán sus datos de prueba para presentar sus respectivos casos.

La Fiscalía pidió que los tres imputados fueran encarcelados en forma preventiva, porque argumentó que no había certeza sobre sus domicilios, ya que Gómez Molano tiene tres inmuebles a su nombre y Ramírez dos, lo que significa que carecen de arraigo.

Durante la audiencia, los fiscales federales dijeron que existe el riesgo de que pudieran darse a la fuga, al tener los recursos para salir del País; también conjeturaron que los imputados podrían aceptar un cargo público para “medrar” con el patrimonio de los mexicanos.

Otro de los planteamientos del Ministerio Público fue que los imputados tienen amigos en la FGR que podrían proporcionarles información que eventualmente podrían transmitir a Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el mismo caso.

Moguel descartó todos estos argumentos, considerando que los ex funcionarios sí tienen arraigo, al contar con un trabajo cierto o en algunos casos vivir con sus familias, además de que el registro de propiedades sólo indica que son inmuebles que están identificados.

En el caso de la ex funcionaria, consideró que tiene un proceso en el que durante 15 meses ha acudido a la Unidad de Medidas Cautelares, sin violar los términos de su libertad provisional.

La fiscalía imputa a Gómez Molano, Ramírez y Díazleal haber comprado a las empresas Acumen Telecomunicaciones y Vans y Suvs de Lujo diverso equipamiento para tareas de informática, comunicaciones e inteligencia, incluidas 24 camionetas Van con dispositivos de espionaje.

Las compras por 800 millones se acusan de indebidas porque se hicieron con dinero de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, sin que -a decir de la fiscalía- se hubieren justificado las condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad que la norma exige para ejercer dichos fondos.

Para Gómez Molano esta es la segunda vinculación a proceso, ya que a principios del año pasado le iniciaron un procedimiento por la supuesta compra con sobreprecio de un avión Bombardier Challenger CL-600 en 19.6 millones de dólares. El sobrecosto fue estimado en 3.2 millones de dólares.