Cuernavaca, Morelos – En un duro golpe a la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra cinco funcionarios y exservidores públicos del estado de Morelos, acusados de brindar protección y facilidades operativas al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó a los señalados por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud. Como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 15 días para concluir la investigación complementaria.

Los implicados

Los procesados, quienes habrían facilitado la operación del grupo criminal bajo la influencia de su operador, Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, son:

– Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan.

– Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla.

– Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla.

– Pablo Portillo Galicia, oficial mayor de Cuautla.

– Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

La estrategia de infiltración

Las investigaciones de la FGR revelan que el Cártel de Sinaloa logró penetrar la administración pública en al menos ocho municipios de la entidad. Según lo expuesto por la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, y el vocero de la institución, Ulises Lara López, el grupo delictivo utilizó dos ejes principales para consolidar su poder:

1. Financiamiento electoral: La inyección de recursos ilícitos en las campañas de candidatos que, tras ganar los comicios, se convirtieron en operadores al servicio de la organización criminal.

2. Violencia e intimidación: Coacción directa contra adversarios políticos para asegurar el control territorial y la impunidad en actividades como extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo.

Contexto de violencia

La FGR subrayó que esta red de corrupción fue el detonante de una ola de violencia que azotó a Morelos durante 2024. Los informes oficiales vinculan estas infiltraciones no solo con la crisis de seguridad generalizada, sino con atentados específicos contra aspirantes a cargos de elección popular durante el proceso electoral 2023-2024, así como el asesinato de diversos exalcaldes de la entidad en años anteriores.

Este operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad federal representa un esfuerzo inédito para desmantelar las estructuras que han permitido al crimen organizado operar bajo el amparo de la autoridad municipal en Morelos.