Ciudad de México.– La reciente gira del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por el estado de Sinaloa, ha encendido las alarmas en los círculos diplomáticos. De acuerdo con un análisis de Los Angeles Times, las declaraciones del enviado de Washington podrían representar el inicio de una ofensiva directa de la administración de Donald Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de mantener vínculos con el crimen organizado.

Advertencia en el marco del T-MEC

Este endurecimiento del discurso ocurre en un momento crítico: el inicio de la renegociación del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante un evento en Los Mochis, Johnson fue enfático al señalar que la corrupción no es un problema “sin víctimas”, sino un distorsionador de mercados que erosiona la confianza necesaria para el progreso.

” “La corrupción no solo ralentiza el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, afirmó el diplomático, vinculando directamente la transparencia con el éxito de proyectos de inversión extranjera.

Foco sobre funcionarios “a sueldo de cárteles”

El embajador estadounidense elevó el tono al exigir medidas drásticas contra la “epidemia de corrupción gubernamental”. Johnson señaló una estructura de infiltración que abarca desde fuerzas policiales hasta gobernadores y legisladores federales, a quienes acusó de estar presuntamente “a sueldo de los cárteles”.

La advertencia fue clara: Estados Unidos está dispuesto a perseguir legalmente a políticos mexicanos que comprometan la estabilidad financiera y la seguridad de la región.

“Estén atentos”: El anuncio de próximas acciones

Johnson recordó que el tratado comercial vigente obliga a ambos gobiernos a tipificar el soborno como delito y a hacer cumplir estrictos códigos de conducta. El embajador cerró su intervención con una frase que sugiere acciones inminentes por parte del Departamento de Justicia de su país:

” “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido. Así que, estén atentos”.

Analistas coinciden en que estas declaraciones marcan un punto de inflexión en la relación bilateral, sugiriendo que Washington podría utilizar las cláusulas anticorrupción del T-MEC como una herramienta de presión política y judicial contra la administración mexicana.