Hércules.- Por determinación de la Fiscalía General de Coahuila, desde la tarde del pasado viernes activistas afines al senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, secretario general y presidente vitalicio del Sindicato Nacional Minero, asumieron de facto el control de esta localidad minera y deciden quiénes pueden vivir allí y quiénes deben abandonarla , denunció el dirigente del Sindicato Minero Democrático, Rolando Torres.

Señaló que desde hace un par de meses los activistas obligaron a abandonar la zona a los dirigentes sindicales y sus familias, se posesionaron de la única entrada a la localidad y controlan con retenes ilegales la terracería que la une con Camargo, Chihuahua, impidiendo el ingreso de trabajadores y sus familias que consideran adversarios e incluso han agredido físicamente a quienes han intentado entrar pese a su negativa.

Torres informó que tras la visita hecha a la zona el viernes por el fiscal Gerardo Márquez y el comandante de la 47 Zona Militar de Piedras Negras, general Fidel Mondragón, que los pobladores vieron como una esperanza de protección, los “napistas” recorrieron el poblado armados de bates, machetes y algunos con visibles armas cortas, exigiendo la salida inmediata de algunas familias.

El alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo, quien se encontraba en el pueblo y participó en las reuniones encabezadas por Gerardo Márquez, comunicó a las aterrorizadas familias que no contaba con suficientes policías para protegerles y en las patrullas facilitó la salida hasta un hotel aledaño, conminándoles a abandonar la zona la mañana de hoy.

Los hechos fueron ratificados por Francisco Orduña Mangiola, director de Comunicación de AHMSA, quien señaló que en la semana se había solicitado la acción de las autoridades para poner orden en la localidad de 8 mil habitantes, dado que existe natural pánico de los habitantes ante el amedrentamiento constante del grupo de activistas.

“ “Resultó increíble que las autoridades terminaran dando legitimidad a delincuentes que están denunciados ante ellas por robo, ataques a la propiedad, sabotaje y otros delitos, sin que la Fiscalía hasta ahora haya dado curso a las consignaciones y son quienes tienen tomado de hecho el pueblo e imponen su ley al estilo de los paramilitares de Guerrero o Michoacán, pero ahora en Coahuila”, expresó.

“ “En síntesis, un grupo en que la mayoría ni siquiera son habitantes de Hércules puede decidir quienes pueden continuar viviendo allí y quienes deben abandonar sus casas y sus pertenencias si no quieren ser agredidos y expulsados; esa es la realidad de hoy”, agregó.

Señaló que existe un conflicto sindical desde que los trabajadores decidieron por mayoría abandonar la organización encabezada por Gómez Urrutia y adherirse al Sindicato Nacional Democrático de Mineros, “a lo que Napito ha respondido igual como en Zacatecas, Guerrero, Sonora y otras zonas, generando violencia y parando las empresas”.

“ “Los conflictos de este tipo deben resolverse en los tribunales laborales y con sus procedimientos, pero en este caso el Fiscal determinó entregar de facto la titularidad a Gómez Urrutia y legitimó que sus gentes violen flagrantemente la ley, al establecer, por ejemplo, retenes ilegales de control en la carretera y en el ingreso al pueblo”, abundó.

Por su parte, Rolando Torres indicó que para los habitantes ha sido un año muy difícil, ya que estuvieron muchas semanas sin energía eléctrica por el corte de suministro que hizo la CFE y un problema adicional que enfrentan los trabajadores y sus familias es la falta de pago de salarios, muy retrasados, lo que se ha sumado también a la falta de servicios públicos que prestaba la compañía.

Legalizan desorden

Orduña explicó que Minera del Norte, subsidiaria de AHMSA, presentó hace meses denuncias ante las autoridades judiciales porque un grupo de trabajadores y activistas enviados por Gómez Urrutia, liderados por el ex trabajador Francisco Vaca Pavia, tomaron las instalaciones de ingreso a la principal mina subterránea de fierro, aledaña al poblado, impidiendo el ingreso del personal técnico que debe darle mantenimiento.

“ “Para la empresa la situación es muy grave -precisó Orduña- porque interrumpieron el bombeo, provocaron la inundación del yacimiento, la inutilización de vehículos y equipos muy costosos, a la vez que han robado cables, maquinaria y equipos diversos, lo que costará decenas de millones de dólares y mucho tiempo subsanar; todo eso fue denunciado ante la Fiscalía sin que hasta el momento se haya actuado”.

Dijo que se entendió que por el período electoral las autoridades no actuarían y confiamos que ayer viernes acudirían a poner orden, pero resultó todo lo contrario y terminaron legalizando el desorden; tenemos incluso el aviso de las autoridades de Wallmart de que van a cerrar la bodega Aurrera, porque no pueden operar en esas condiciones y es el único centro de abastecimiento para la localidad y las zonas aledañas”.