Una de las formas de castigar a La Laguna -particularmente a Torreón cuando no vota por el PRI, consiste en reducir aún más la inversión estatal, crear estructuras paralelas, dividir y provocar conflictos. Algo parecido sucede en Saltillo si la alcaldía la ocupa otro partido, pero con menor rigor por ser la capital. Cuando en la metrópoli lagunera se estrenó alternancia en 1997, con Jorge Zermeño (PAN), Rogelio Montemayor recaló en Matamoros y aumentó el presupuesto. La relación de Enrique Martínez con Guillermo Anaya fue cordial y su Administración emprendió obras importantes como el distribuidor vial Revolución, demolido por su sucesor, en un desplante, para sustituirlo por un adefesio. El acto refleja el desprecio político hacia una región otrora combativa y progresista.

Torreón pagó más caro aún haber votado contra Humberto Moreira y su candidato a alcalde Eduardo Olmos, en 2005, y preferido a Guillermo Anaya y a José Ángel Pérez, quien fue boicoteado y acosado por el Gobierno y el Congreso por plantar cara al clan. Los Zetas se multiplicaron como hongos cual si el entonces incipiente moreirato hubiera concesionado la plaza a condición de no invadir Saltillo. Seguir la ruta del terror lleva a esa conclusión y a otras más aterradoras. Exoperadores del cártel han declarado ante fiscales y jueces de Texas sobre la entrega de dinero a políticos y autoridades estatales para comprar protección y financiar campañas electorales.

Generar conflictos -urdidos no solo para privar a La Laguna de inversión pública y espantar la extranjera, sino para propiciar una escalada de violencia que se cobró millares de vidas y provocó la desaparición forzada de legiones- para después resolverlos es un viejo truco de los gobiernos, sobre todo del PRI. La fórmula la aplicaron Humberto y Rubén Moreira a ciencia y paciencia de organismos empresariales cómplices, de una prensa acrítica -en el pasado, La Opinión (hoy Milenio Laguna) y El Siglo de Torreón, bajo la batuta de Edmundo Guerrero y Antonio de Juambelz, respectivamente, imponían respeto y hacían temblar a gobernadores y secretarios de Estado; hoy son una caricatura- y de partidos de oposición domesticados. Humberto incendió La Laguna y Rubén se proclamó su «salvador». La región se convirtió durante el docenio en una de las más peligrosas: imágenes de masacres, cadáveres colgados y de terror en el estadio del Santos le dieron la vuelta al mundo.

Torreón y el resto de la comarca tardaron lustros en volver a la normalidad, pero no fue por el regreso del PRI a la alcaldía, con Olmos y Miguel Riquelme, sino por el Gobierno federal (Secretaría de la Defensa) y la presión y soporte de los corporativos; no de las cámaras, pues la mayoría son títeres del gobernador de turno. El desprestigio no se ha reparado del todo y la inversión privada empezó a fluir en los últimos años. Las heridas del moreirato, profundizadas por la deuda de 40 mil millones de pesos, tardarán varias generaciones en sanar, pero jamás serán olvidadas. El estigma perseguirá como sombra a quienes, en vez de denunciar los abusos y corruptelas, prefirieron ser comparsa de los Moreira a cambio de contratos, posiciones y dinero.

El presidente Carlos Salinas de Gortari pretendió convertir a su doctrina -el «nacionalismo revolucionario»- a una zona eminentemente cardenista. En una ceremonia en la pérgola de Los Pinos sentenció ante las fuerzas vivas: «Laguna dividida, Laguna vencida». Los Moreira sembraron vientos y a los laguneros, huérfanos de liderazgo, les correspondió cosechar las tempestades. El programa Agua Saludable para La Laguna puede dar la vuelta a la tortilla.