Aunque están inmersos en su propia elección presidencial, y hay cierta alarma en la Casa Blanca y en el establishment estadunidense por el imparable ascenso de Trump hacia la candidatura republicana, la administración de Joe Biden y las élites políticas de Washington también se dan tiempo para voltear a ver lo que está sucediendo en los comicios por la Presidencia de México. De entrada, hay preocupación por la amenaza que representa la intervención del crimen organizado en las elecciones mexicanas y, sobre todo, causa inquietud en los círculos políticos de la Unión Americana la inestabilidad que pudiera causar un escenario de falta de legalidad y conflictos poselectorales en su vecino del sur.

La visita de congresistas de Texas a México esta semana, a donde vinieron a recabar información sobre los temas migratorios y a observar el avance del proceso electoral mexicano, es un indicador del interés estratégico que despierta la sucesión mexicana al otro lado del río Bravo. Los tres congresistas, dos republicanos, Michael McCaul y Randy Weber, y el demócrata Henry Cuellar, además de reunirse el martes con el presidente AMLO en Palacio Nacional, estuvieron antes dialogando con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Por su parte la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, está invitada para asistir el próximo 5 de febrero a una reunión en Washington con el Comité de Seguridad del Congreso de EU, en donde muy seguramente la abanderada expondrá sus denuncias sobre acoso y ataque desde el poder a la oposición, además del duro diagnóstico sobre la inseguridad y la violencia del narcotráfico que afectan a la mayor parte del territorio nacional y que amenazan también el desarrollo libre de las elecciones democráticas.

No hay duda de que tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos están realizando un seguimiento puntual sobre las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso electoral mexicano y de que el tema preocupa tanto a los republicanos como a los demócratas, que ven en la estabilidad política, social y económica de México un tema de seguridad nacional para EU.

Y es sabido también, por sus declaraciones públicas, que los temas del narcotráfico, el combate al fentanilo y la migración ilegal, son los tres problemas mexicanos que más ocupa tanto a la administración Biden como a las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes en el vecino país, en donde las posiciones van desde la visión de mayor cooperación bilateral para enfrentar esos problemas, hasta las críticas demoledoras de los republicanos ante el fracaso y la inacción del gobierno de AMLO para controlar a los cárteles de la droga o las posiciones extremas que piden intervención militar del Ejército estadunidense.

Por eso, conforme avance el calendario electoral en México y se acerque la fecha de las votaciones presidenciales y de Congreso, es muy probable que aumente el interés, pero también la presión de los sectores políticos de Washington sobre lo que sucede en su llamado “Patio Trasero”. Y para cuando en México se estén cerrando las campañas y preparando las votaciones del 2 de junio, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y al Congreso estarán ya claramente definidos y en sus discursos el tema de México será sin duda uno de los principales focos de la retórica de las campañas.

Tan sólo ahora, cuando aquí estamos en esa especie de limbo electoral llamado “intercampañas”, fuentes de agencias estadunidenses están manejando información sobre un “golpe inminente” que preparan desde el FBI y el Departamento de Justicia, que impactará directamente al proceso electoral mexicano. De acuerdo con esas fuentes ubicadas en Washington, la investigación abierta desde hace varios años en EU sobre las actividades criminales del empresario tamaulipeco Sergio Carmona, relacionadas con la importación ilegal a México de gasolina estadunidense y sus relaciones con el narcotráfico, estarían muy avanzadas y con base en declaraciones de un testigo protegido, se estarían preparando acusaciones concretas en contra de políticos mexicanos de Morena.

Se trataría, según nos dice la fuente, de “5 o 6 políticos de alto nivel del partido Morena que serían acusados o señalados de haber recibido financiamiento de Carmona para sus campañas, con dinero ilegal procedente del contrabando de gasolinas”. Los nombres de esos políticos morenistas, que hoy ocupan cargos importantes, se conocerían en las próximas semanas; se trataría de una acción inédita de la justicia estadunidense que impactaría a la política mexicana y a las elecciones en curso, a partir de acusaciones de violaciones a las leyes estadunidenses.

Veremos hasta dónde llega la investigación estadunidense sobre el caso Carmona y los vínculos del asesinado empresario con el huachicol de combustible procedente de EU y con el narcotráfico, y si las agencias del Gobierno estadunidense proceden a acusar a políticos mexicanos del oficialismo, lo que sin duda sentaría un precedente y hablaría de que el interés del vecino del Norte sobre lo que pasa en México se estaría llevando a niveles que podrían incluso afectar la relación de altibajos que hasta ahora han tenido con el gobierno de AMLO.

Notas indiscretas…

A propósito del Presidente, esta semana se aventó la puntada de lanzarle varias preguntas públicas al expresidente Ernesto Zedillo, quien recientemente anunció su regreso a México después de su larga residencia en EU. Curiosamente Zedillo es el expresidente menos interesado en la política mexicana y muy pocas veces desde que dejó Los Pinos en el año 2000 y le entregó la banda presidencial al primer presidente no priista, Vicente Fox, ha hecho declaraciones que tengan que ver con la situación política del país. A lo sumo, el doctor ha hablado de la desigualdad y la pobreza en México y América Latina en algunos foros internacionales y ha cuestionado las amenazas a la frágil democracia en la región. Por eso llama la atención que López Obrador le lance preguntas públicas a un antecesor al que bien podría invitar a platicar a Palacio Nacional y preguntárselo directamente. Sobre todo, porque en la historia política y el ascenso de Andrés Manuel en la política mexicana, Zedillo y su Gobierno fueron un factor clave. En 1997, bajo el mandato zedillista, AMLO llegó a la dirigencia nacional del PRD y es sabido que desde ese cargo tenía comunicación directa con el secretario particular y operador político de Zedillo, Liébano Sáenz, quien siempre le abrió la puerta de Los Pinos al tabasqueño. Y para documentar esos

vínculos, está también el hecho de que, en el año 2000, cuando se inscribió como candidato a Jefe de Gobierno del DF por el PRD, AMLO fue impugnado ante el IFE por no cumplir con el requisito de 5 años de residencia efectiva en la CDMX que ordenaba la ley local. La impugnación pasó del IFE al Tribunal Federal Electoral y, en una sentencia que causó controversia, los magistrados electorales de esa época decidieron por mayoría validar la candidatura de AMLO, aun cuando no cumplía con el requisito. Se dijo entonces que desde Los Pinos hubo “peticiones, presiones y cabildeos” entre los integrantes del Trife para ayudar al candidato perredista que a la postre se convertiría en el Jefe de Gobierno y de ahí saltaría a su primera candidatura presidencial en 2006. Quizás esa sería una muy buena pregunta para Ernesto Zedillo, ¿no lo cree, Presidente? Los dados mandan Capicúa. Malo el tiro.