En su conferencia matutina del pasado viernes, esas en las que inserta un tema polémico en la agenda y deja premeditadamente la víbora chillando el fin de semana para medir sus reacciones en la opinión pública, el Presidente de la República planteó por segunda vez en la semana la posibilidad de modificar el régimen jurídico del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), de autónomo a dependiente de la Secretaría de la Función Pública, cuestión que, adelantó, será analizada mañana lunes en reunión de Gabinete federal con miras a una reforma administrativa en febrero.

Naturalmente, la iniciativa deberá ser aprobada por el Poder Legislativo antes de las trascendentales elecciones de junio, donde una nueva composición en la Cámara de Diputados podría gestarse, o no, y entorpecer su plan, o no. En las condiciones actuales, en cambio, consumarse no representa ningún problema por cuestiones de mayoría partidista.

Ahora bien, dicha modificación –justificada en medidas populares de austeridad y redistribución del gasto, sin sopesar otros aspectos técnicos más relevantes como el control político de la información pública– traería por consecuencia, y en efecto dominó, cambios a los organismos estatales en la materia. En el caso que nos ocupa, al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

Y llegados a ese punto cabe plantearse una pregunta: ¿alguien lo extrañaría en la entidad si se modificase su funcionamiento? Inexplicablemente, el ICAI acumula dos años y medio sin un comisionado de cinco que deberían integrar por ley su Consejo General. Y a nadie parece importarle llenar esa vacante.

Otro ejemplo de su actuación: en el último año resolvió recursos de revisión a favor de los ciudadanos solicitantes, como es costumbre. Sin embargo, so pretexto de la pandemia y dificultades en la comunicación para notificar, no verificó que los sujetos obligados entregasen la información solicitada pese a que su intervención –y existencia, en general– se trata precisamente de eso: de hacer cumplir a los entes públicos. Así concluyó en blanco decenas de solicitudes presentadas. Inclusive su informe 2020 ni siquiera ha sido presentado al día de hoy.

Y de 2019 a 2020, para dimensionar, hay una disminución del 56% en los recursos de revisión recibidos. La cifra más baja de los últimos cinco años. Dicho de otra forma: en lugar de incentivar, desalienta la participación ciudadana. ¿Entonces para qué sirven los 38 millones 801 mil pesos que absorberá en 2021?

Pero el culmen de la inutilidad lo representa otro “autónomo”: el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, de quien no encontrará ni una sola intervención relevante durante sus 40 meses de existencia, de septiembre de 2017 a la fecha. Y no resulta barato.

En 2021, para ejemplificar, recibirá 52 millones 581 mil pesos de presupuesto, de los cuales 42 millones 152 mil irán al renglón de servicios personales, es decir, la nómina. Ocho de cada 10 pesos. El 80 por ciento.

Como se publicó en este mismo espacio el 22 de marzo, con motivo de la emergencia sanitaria el Tribunal bajó la cortina y disminuyó a cero su actividad pública. Los cinco magistrados que integran su órgano de Gobierno (Sandra Luz Rodríguez Wong, Sandra Luz Miranda Chuey, Alfonso García Salinas, María Yolanda Cortés Flores y Marco Antonio Martínez Valero) acordaron suspender labores generales del 18 de marzo al 19 de abril; jurisdiccionales y administrativas. Todas.

Tampoco hubo guardias en oficinas y no corrieron plazos en ese tiempo para efectos legales. Básicamente desapareció de la faz de la tierra durante un mes. Con goce de sueldo para sus empleados, eso sí. Y sabe qué, nadie los extrañó. Ninguno se percató de su ausencia.

Luego el Tribunal dejó de hibernar y entregó su informe anual de labores al Congreso del Estado en la oscuridad, sin reflectores. En dicho documento, denominado Memoria Anual 2020, amén de las numeralias que nada dicen, un párrafo sintetiza sus actividades dentro del Sistema Estatal Anticorrupción: “conocer los avances en la implementación del estándar de competencias para la observancia y cumplimiento de la normativa en materia de responsabilidades administrativas, y para programar la realización de una prueba piloto, con objeto de verificar la eficacia del instrumento de evaluación que se aplicaría en este caso”.

¿Qué dijo? La nada, pues. No hay sustancia, solo formulismos, protocolos, paja. Existen, pero no funcionan. Simulan, más bien. Hay un organigrama, aparentes atribuciones, pero nulos resultados.

Con excepción del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral de Coahuila, cuya presencia es necesaria mientras el INE y el Poder Judicial de la Federación no absorban previa reforma electoral sus funciones (algunas veces duplicadas), y otros indispensables en el ejercicio del poder como un mal necesario, como la Fiscalía General de Justicia y su contraparte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podríamos prescindir de “autónomos” como el ICAI y el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no habría cambios significativos considerando el estado actual en que se hallan.

Cito uno más: la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, encabezada por Jesús Homero Flores Mier, quien a tres años y medio de su integración solo sirve para suministrar calambres a exfuncionarios de jerarquía menor, como si fuese una “máquina de toques”. En 2021 recibirá 28 millones 222 mil pesos. Así, entre los tres mencionados, ahorraríamos alrededor de 120 millones de pesos.

Cortita y al pie

El 4 de enero, durante su primer “mañanera” del año, López Obrador soltó a los medios de comunicación un globo sonda: “Todavía se sigue gastando mucho en cuestiones que no son fundamentales (…) Todavía hay organismos supuestamente autónomos (…) El mismo instituto de la transparencia, mil millones de pesos. ¿Qué?, ¿no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? (…) Todos estos aparatos administrativos los crearon para simular que se combatía a la corrupción, para simular que había transparencia, para simular que no había impunidad. Todo fue una farsa, y al mismo tiempo era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos”.

La última y nos vamos

Bajo esa premisa, ¿qué mantiene vivos a los organismos de Coahuila mencionados líneas arriba? ¿Alguien podría ofrecer argumentos a su favor con los antecedentes que arrastran?