Uno de los principales beneficios de la nueva ley de economía digital en México será la reducción de los costos asociados al manejo del efectivo, ya que el imprimir billetes, acuñar monedas, transportarlos y resguardarlos representa un costo para la economía. A ello debemos agregar el ahorro de tiempo que generan las operaciones electrónicas, aumentando la eficiencia y productividad comercial. Costos que existen aunque no los veamos, costos que pagamos aunque no sepamos de su existencia.

Uno de los efectos más importantes de esta nueva ley es el relacionado con la informalidad económica y la recaudación fiscal. Mientras que el pago en efectivo nos permite realizar operaciones que con facilidad pueden no registrarse, los pagos digitales facilitarán o bien facilitan el seguimiento y la fiscalización, contribuyendo a combatir la evasión fiscal.

Y aquí surge una pregunta interesante: ¿el verdadero propósito de esta ley es modernizar nuestra economía o mejorar la capacidad recaudatoria del Gobierno? La respuesta es sí a ambas opciones.

No todo será tan sencillo, para todos los mexicanos, como acercar nuestro celular a una terminal bancaria y pagar. De acuerdo con el Inegi, durante el segundo trimestre de 2026, 55.1% de la población ocupada, alrededor de 33 millones de trabajadores, están en la informalidad. Esto no significa que carezcan de servicios bancarios, pero representa un desafío para la transformación digital.

Además, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, solamente 63% de los mexicanos de entre 18 y 70 años contaba con alguna cuenta de ahorro formal.

Y mientras México busca impulsar los pagos digitales, resulta interesante observar lo ocurrido en Suiza, una de las economías más desarrolladas y con mayor sofisticación financiera del mundo. En marzo de 2026, mediante un referéndum, 73.4% de los votantes aprobó incorporar a su Constitución la garantía del suministro de dinero en efectivo.

El contraste resulta interesante: mientras algunos países buscan reducir la dependencia del efectivo, otros consideran indispensable garantizar su permanencia como una alternativa de pago y un instrumento de libertad económica.

También debemos pensar en los pequeños comerciantes. Para una gran cadena comercial, instalar terminales bancarias representa un gasto menor; para una tienda de abarrotes o un vendedor ambulante, las comisiones pueden significar una disminución importante de sus utilidades.

La digitalización de la economía y comercio son una tendencia mundial y México necesita avanzar en ese camino, pero debe hacerlo con menores comisiones, infraestructura tecnológica, seguridad sin olvidar la educación financiera.

El verdadero éxito de esta nueva ley será medido por el número de mexicanos que logren incorporarse a un sistema financiero más accesible, fácil de utilizarse, seguro y eficiente.

Porque el dinero seguirá siendo dinero, ya sea que lo llevemos en la cartera o en el celular. Lo importante es que todos tengamos la posibilidad de utilizarlo.

Vale la pena hacer dos preguntas: ¿Estamos digitalizando la economía mexicana o simplemente digitalizando las desigualdades que ya existen?, y ¿qué sucederá con las alcancías, en poco tiempo será una palabra y artículo olvidado?