El martes anterior en este mismo espacio y en exclusiva se publicó que, mediante una adjudicación exprés, apresurada y a escasos días de terminar el ejercicio fiscal, la Comisión Federal de Electricidad pretendía desviar 985 millones de pesos a una sociedad mercantil de reciente creación (septiembre de 2021), la cual pertenece -por lo menos en el papel- a un testaferro de los hermanos Flores Guerra, Tania y Tony, a su vez facilitadores de Mejía Berdeja en su frustrada aspiración por convertirse en candidato de Morena a la Gubernatura de Coahuila.

Pues el viernes de la semana pasada, luego de retrasar 48 horas la negociación a los tiempos originalmente pactados, se consumó el enjuague (¿existe otra manera de llamarle?): 985 millones de disposición inmediata por un extraordinario y a todas luces irregular pedido de carbón mineral. En cuestión de minutos fue presentada la oferta, se dictaminó el falló y se firmaron los documentos. No existe precedente de un caso similar.

El asunto tiene más picos que un serrucho y puede analizarse desde diferentes ángulos. Uno de ellos, el político. Y ahí es importante destacar que durante 2022 los procedimientos de CFE siguieron la suerte del garrote y la zanahoria. Especialmente la relación de los Flores Guerra y Ricardo Sóstenes con la empresa pública que dirige Manuel Bartlett como intermediaria.

Me explico: cuando Tania Vanessa escuchó el canto de las sirenas y manifestó el primer semestre del año su interés de participar como candidata de Morena a la Gubernatura de Coahuila, y por consecuencia dejó de levantarle públicamente la mano a Ricardo Sóstenes, quien tenía para sí el mismo plan, la llave de los contratos millonarios les fue cerrada abruptamente, de tal suerte de que, de 3 mil 851 millones de pesos que fueron adjudicados a 52 empresas de la Región Carbonífera la primera quincena de julio, los Flores alcanzaron solo 55 millones 617 mil pesos, una cantidad irrisoria comparada con los mil 508 millones de pesos que se embolsaron entre el 26 de abril y el 3 de mayo de 2021, vía las empresas Minerales Don Chilo, S.A. de C.V., de Antonio Flores Guerra, Minerales Amarani, S.A. de C.V., de su esposa Mariana Paola Marroquín, y Minera Flores de la Carbonífera, S.A. de C.V., de la Alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra.

El fuego amigo los alcanzó, pues. En política no hay casualidades.

Posteriormente, cuando esta le levantó el brazo nuevamente al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, en señal de sumarse a su imposición en el estado, y su hermano se convirtió en su operador financiero de tiempo completo, les fue abierta de nueva cuenta la compuerta y el 2 de septiembre fueron invitados por CFE a participar en un procedimiento de adjudicación por 198 millones de pesos, en “mineral térmico no coquizable” para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava.

Pero algo pasó que, dos semanas después, CFE declaró desierto el procedimiento que ya tenían en la bolsa justificando su decisión en que no presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente a su centro de extracción, y no pudieron validar, por tanto, que contaban con los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo la “producción” del mineral.

Dicho de otra forma: sin querer les llamó veladamente coyotes. Otra vez la teoría del garrote y la zanahoria.

La organización Pasta de Conchos lo había denunciado a la opinión pública el 17 de agosto: “Antonio Flores está extrayendo carbón en la concesión Los Menores I, propiedad de Mimosa (Minera del Norte), en una zona de riesgo, sobre un minado viejo”. Esto -señaló- “para cumplir con el contrato CFE-0700-ADAAN-0040-2022”, el último adjudicado.

Y finalmente, el premio mayor: en la víspera de designar Morena su coordinador en Coahuila que, como ha ocurrido en otros estados, eventualmente se convierte en candidato a Gobernador, y a escasos días de iniciar el proceso electoral, CFE terció con la compañía La Sierra Minería y Transporte, S.A. de C.V., de David Rangel Morales, empleado de los Flores Guerra, los referidos 985 millones de pesos por carbón de la Cuenca del Río Escondido (con mayor poder calorífico y menor cantidad de concesionarios, por ende más valioso).

Sin embargo, ese mineral un solo poseedor de lotes mineros lo tiene: Ancira. No ellos.

Cortita y al pie

Con Ricardo Sóstenes fuera de la competición por Morena desde ayer, cabe preguntarse si tiene sentido continuar con el dispendio absurdo si ya la carroza se convirtió en calabaza. Ya para qué. Se sabe de antemano: los 985 millones de pesos no se sostienen bajo ningún escenario. Son coyotaje. Una triangulación burda. Financiamiento ilícito.

La última y nos vamos

Y ahora, a seguir los pasos de los pesos. Dónde está el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado cuando se le necesita. ¿Todavía existe?