En 2020, cuando el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quiso ampliar su mandato de dos a cinco años, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue contundente: “Pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. Alterar las condiciones por las cuales se llevó a cabo una elección como aquí ocurrió constituye un verdadero fraude postelectoral”.

En 2016, cuando la Legislatura buscó ampliar el mandato de los magistrados del Tribunal Electoral, declaró: “Existe una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley privativa y en contravención al procedimiento de nombramiento del Artículo 99 constitucional, el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas conforme a un régimen transitorio que tardó nueve años en diseñarse e implementarse”.

En esta ocasión, cuando el senador del Verde, Raúl Bolaños, metió de contrabando un artículo transitorio en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para ampliar dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Zaldívar ha guardado silencio, aunque el Consejo de la Judicatura Federal, que preside, señaló: “El Artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino que tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal. Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia”.

Nadie puede negar la relevancia de Zaldívar como jurista y ministro de la Corte. Su libro, Hacia una Nueva Ley de Amparo, es un referente. En 2009 lo nombró ministro el presidente Felipe Calderón, pero un año después, en el dictamen sobre el caso de la guardería ABC, responsabilizó personalmente al director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, muy cercano al Mandatario.

En noviembre de 2010, La Jornada publicó un furibundo editorial contra la Corte por un proyecto suyo. El diario había demandado a Letras Libres por un artículo de 2004 titulado, Cómplices del Terror, firmado por el subdirector Fernando García Ramírez, en el que argumentaba que el periódico estaba al servicio de un grupo de asesinos, la ETA vasca.

La Jornada se quejó, paradójicamente para un periódico, que la Corte “incurre en el absurdo jurídico de establecer un derecho prácticamente absoluto, el de la libertad de expresión, en detrimento de otros”.

Zaldívar sostuvo: “Si la prensa goza de la mayor libertad, para criticar a personajes con proyección pública, es no solo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad”.

Hoy le toca a Zaldívar estar en el centro del debate. La reforma judicial le ha regalado dos años en la presidencia de la Corte en contravención del Artículo 97 de la Constitución. El presidente López Obrador apoya la ampliación del plazo “para que él encabece la reforma al Poder Judicial”.

Entiendo que Zaldívar no cuestione una reforma que todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, pero sería una pésima señal que aceptara una ley secundaria que viola la Constitución y que borraría “la autonomía y la independencia” que debe tener el Poder Judicial ante el Ejecutivo.

CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “preocupación por la aprobación en el Senado de un artículo transitorio”, que amplía los mandatos del presidente de la Corte y de los consejeros del Consejo de la Judicatura. La CIDH llama a México a que se respeten “los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia”.