Los Ángeles, California .– En un hecho sin precedentes, Mark Zuckerberg comparecerá este miércoles ante un jurado en Los Ángeles para responder por el diseño de sus plataformas. Se trata de la primera vez que el fundador de Meta deberá defender la arquitectura de sus productos en el marco de una serie de demandas que comparan la peligrosidad de las redes sociales con la de los casinos y el tabaco.

El caso K.G.M.: Una infancia bajo el algoritmo

El juicio, que ha entrado en su segunda semana en el Tribunal Superior de Los Ángeles, tiene como protagonista a una joven de 20 años identificada como K.G.M.. La demandante acusa a Meta (Instagram) y a Alphabet (YouTube) de haber diseñado herramientas deliberadamente adictivas que devastaron su salud mental.

Según la querella, la joven inició su consumo digital antes de los 10 años, lo que derivó en un cuadro severo de:

– Depresión y ansiedad.

– Problemas de autoestima.

– Pensamientos suicidas.

” “Su infancia y su edad adulta se desviaron de un desarrollo normal por la obsesión con estas plataformas”, declaró el abogado de la víctima, Mark Lanier, subrayando que el diseño de las redes busca captar la atención mediante mecanismos de dependencia.

Un precedente para mil 500 demandas

El testimonio de Zuckerberg es visto como un punto de inflexión. El resultado de este litigio, que se prevé dure seis semanas, podría sentar las bases jurídicas para resolver otros mil 500 casos similares que aguardan turno en las cortes estadounidenses.

Aunque inicialmente la demanda incluía a Snapchat y TikTok, ambas compañías optaron por alcanzar acuerdos extrajudiciales el mes pasado, dejando a Meta y Google como los principales frentes de resistencia legal.

El cerco legal sobre Meta

La presión sobre el gigante tecnológico no es aislada. Simultáneamente, Meta enfrenta otro proceso crítico en Nuevo México, donde el estado alega que sus plataformas facilitaron un “mercado” para depredadores infantiles al no filtrar contenido nocivo para menores de edad.

Con Zuckerberg en el estrado, la industria tecnológica enfrenta un escrutinio judicial que busca pasar de la autorregulación a la responsabilidad civil directa por los efectos colaterales de sus algoritmos en la salud pública.