Chihuahua.- Chihuahua y Veracruz, encabezan la lista de ocho entidades que no cumplieron a tiempo con la creación de las leyes de sus Sistemas Locales Anticorrupción.

En esas entidades, gobernadas por los panistas Javier Corral y Miguel Ángel Yunes, no se han aprobado aún las reformas constitucionales que darán paso a la creación de las leyes que debieron aprobarse antes del 18 de julio para el funcionamiento del sistema.

A punto de vencerse el plazo establecido en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción para la armonización de las leyes locales, hay además seis entidades que no cuentan con la ley local, a pesar de ya haber reformado su constitución: Baja California, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Tlaxcala.

Mientras que en Campeche, Coahuila, Guerrero y Yucatán las leyes fueron aprobadas la semana pasada, a marchas forzadas.

Especialistas y activistas ciudadanos lamentaron que, al llevar las reformas legales al plazo límite, las legislaturas de los estados no aplicaron normas de Parlamento Abierto, e impusieron procedimientos contrarios a los establecidos en la Ley marco que rige todo el SNA.

En la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa avanzó en la aprobación de las 11 leyes de su sistema local en una polémica sesión.

En Coahuila, la Alianza Anticorrupción denunció que la discusión del dictamen de ley ocurrió a puerta cerrada.

Además de las leyes inconclusas, es evidente el retraso en el nombramiento de los Comités de Participación Ciudadana, instancias que deberán ser autónomas, y que tendrá como funciones coordinar y supervisar los trabajos del Sistema Local Anticorrupción en cada entidad. Sólo Querétaro cuenta ya con ese comité.

En cuanto a los fiscales estatales anticorrupción, sólo siete entidades los han nombrado: Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Sonora, pero en casi todos los casos los designados fueron cuestionados por la sociedad civil.

Por ejemplo en cinco entidades como el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Sinaloa, han nombrado a los magistrados del Tribunal Administrativo especializado en casos de corrupción.