Chihuahua, Chih.–  Una crisis institucional sin precedentes sacude la cúpula de seguridad en Chihuahua. Guillermo Arturo Zuany Portillo, fiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó su renuncia este jueves tras el inicio de un procedimiento administrativo por presuntas omisiones graves en torno a la operatividad de agentes extranjeros en territorio estatal.

La investigación, encabezada por Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada para el caso del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, señala que Zuany Portillo habría ocultado a sus superiores la presencia y actividades de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Operativos armados y bajo sospecha

El gobierno estatal confirmó avances en las indagatorias que revelan la participación directa de cuatro ciudadanos extranjeros en la destrucción de un narcolaboratorio. La gravedad del caso radica en que estos agentes no solo operaban sin el conocimiento de la cadena de mando superior, sino que realizaban actividades portando armas de fuego.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado cartas en el asunto, citando a declarar al ahora exfiscal Zuany para esclarecer bajo qué marco legal o convenio bilateral se permitió la injerencia de los agentes estadounidenses en operativos antinarcóticos locales.

Chihuahua: Un vacío en la cúpula de seguridad

La salida de Zuany Portillo profundiza la inestabilidad en las instituciones de justicia del estado, sumándose a una racha de bajas de alto perfil:

– César Jáuregui: El Fiscal General del Estado dejó su cargo días atrás, aunque su salida se atribuye a aspiraciones electorales para buscar la alcaldía de la capital por el PAN.

– Reconfiguración Forzada: La doble vacante en los puestos más sensibles de la Fiscalía ocurre en medio de una de las investigaciones más delicadas de los últimos años, donde se cuestiona la soberanía y los protocolos de seguridad estatal.

El frente federal

La intervención de la FGR sugiere que el caso podría escalar a niveles diplomáticos, ya que la presencia de agentes de la CIA armados en México contraviene las regulaciones de seguridad nacional si no cuentan con la acreditación y supervisión debida por parte del Gobierno Federal.