Nueva York, EU.– Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos tras cruzar por su propio pie la garita migratoria de Nogales hacia Arizona. Desde ese punto, agentes de los Marshals lo trasladaron a Nueva York, donde formalmente ha comenzado una negociación con los fiscales estadounidenses para aportar información clave a cambio de evitar un juicio.

El general en retiro no cruzó la frontera para confrontar los cargos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, sino para colaborar con la justicia norteamericana. El inicio de esta etapa permite a las autoridades federales negociar un posible acuerdo de culpabilidad, enfocado en que el exfuncionario aporte elementos y declaraciones que faciliten el procesamiento de objetivos criminales de mayor perfil. El avance y los frutos de dicha colaboración serán revisados en su próxima audiencia, programada para el 1 de junio.

Bajo este mismo esquema de negociación se encuentra Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya. De acuerdo con los reportes, Díaz Vega huyó inicialmente hacia Europa tras enterarse de las acusaciones en su contra; sin embargo, viajó desde el viejo continente hacia la Unión Americana con el objetivo de pactar un acuerdo similar con el Departamento de Justicia.

Mérida Sánchez compareció en el mismo tribunal federal donde recientemente fue presentado el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Durante el acto, la jueza federal Sarah Netburn validó la orden de arresto en contra del exmando mexicano y ordenó su reclusión preventiva en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, prisión donde también se encuentra recluido Ismael “El Mayo” Zambada.

Tras ser notificado de los tres cargos federales que enfrenta —entre ellos, conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos, delito que amerita cadena perpetua—, Mérida Sánchez se declaró “no culpable”. Fuentes judiciales precisaron que esta declaración es un formalismo técnico indispensable para abrir la fase previa al juicio.

Como parte del debido proceso, la jueza Netburn firmó una orden que obliga a la Fiscalía del Departamento de Justicia a entregar a la defensa, a la brevedad posible, todo el paquete de evidencias recabadas en contra del exsecretario sinaloense.