Ciudad de México.- Los edificios que se derrumbaron o dañaron durante el sismo del 19 de septiembre deben ser sometidos a una investigación judicial que deslinde responsabilidades penales en caso de que se descubran actos de corrupción, consideró Margarita Favela, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

“El convertir en un problema judicial los derrumbes implica forzar una investigación puntual”, consideró.

Durante la Mesa Redonda Entre la Tierra que se Mueve y la Sociedad que se Cimbra, la investigadora consideró que no es suficiente argumentar que los edificios derrumbados estaban en suelo inestable, sino que existen indicios de que la regulación para las construcciones no se cumplió.

“No se puede pasar por alto el estudio particular concreto y creo que eso es lo que quiere la gente, no solamente los que tienen deudos, porque pasa por quién tiene la responsabilidad de las muertes, de quién es la responsabilidad de la pérdida de patrimonio, por lo tanto, quién tiene que asumir el pago de ese patrimonio”, dijo.

La investigadora aseveró que se refleja que las inmobiliarias y las constructoras se están “echando la bolita” sobre la responsabilidad.

“Ahora resulta que a la gente que se le cayó la casa pues tiene que volver a empezar, la deuda que tienen la tienen que volver a pagar y, perdón, pero aquí había un responsable de obra, aquí había empresas responsables y se pasan la bolita, yo no lo hice, yo sólo lo vendí y resulta que el que la hizo es pariente de quien la vendió”, expresó.

Marcela Meneses, del Instituto de Investigaciones Sociales, coincidió en la necesidad de investigar y deslindar responsabilidades.

Y lamentó que, a 32 años del terremoto de 1985, los damnificados del 19:S estén padeciendo prácticamente los mismos problemas, falta de apoyo, información y justicia.

“Me preocupa que 32 años después estemos planteándonos prácticamente lo mismo con esa experiencia previa”, dijo.

Durante su ponencia Favela indicó que, a diferencia de 1985, los damnificados no han creado un movimiento social que los ayude a enfrentar a las autoridades y al mercado inmobiliario.