México.- La admisión por la Suprema Corte mexicana de irregularidades en el caso de la francesa condenada por secuestro, Florence Cassez, puso en una situación complicada al ahora ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el papel que jugó en el montaje tras su detención.

Los cinco jueces de la primera sala de la Suprema Corte no se pusieron de acuerdo sobre la suerte de Cassez y deben reunirse de nuevo para dar un dictamen sobre su caso, pero cuatro de ellos condenaron las irregularidades en el proceso que llevó a su condena a 60 años de prisión.

Entre éstas destaca el montaje organizado para las televisiones mexicanas por la Agencia Federal de Investigación (AFI), la policía judicial que dirigía en ese entonces García Luna.

En la mañana del 9 de diciembre de 2005, millones de telespectadores pudieron ver en los noticieros de las dos televisoras del país, Televisa y TV Azteca, el arresto “en directo” de Florence Cassez y su exnovio Israel Vallarta y la liberación de tres secuestrados.

Cárdenas Palomino, el director adjunto de García Luna, hoy convertido en uno de los ministros clave en el gobierno de Felipe Calderón, al estar a cargo de la lucha contra la criminalidad, estaba presente en el operativo.

Las autoridades debieron admitir inmediatamente que se trataba de un montaje llevado a cabo varias horas después del arresto.

El magistrado de la Suprema Corte Arturo Zaldívar consideró que esta “escenificación ajena a la realidad” vició todo el proceso contra Cassez.

Pese a que votó contra la liberación de la francesa, el juez del máximo tribunal, Jorge Pardo, calificó el montaje policial de “acto reprobable, que debe ser castigado”.

Otro de los miembros de la Corte, José Ramón Cossío, señaló que estos hechos deben ser investigados ya sea por el Ministerio Público, la Secretaría de la Función Pública o el Congreso.

“Si hay personas que generaron situaciones de responsabilidad, que se les investigue y se les sancione”, afirmó Cossío en una entrevista con el diario Crónica publicada este viernes.

El titular de la subprocuraduría de Derecho Humanos, Miguel Ontiveros, reconoció que las exposiciones de los magistrados de la Suprema Corte les “tienen que poner alerta de que todos los procesos en un Estado constitucional tienen que ser regidos conforme a derecho”.

Sin embargo, indicó que la investigación sobre las irregularidades denunciadas no se puede llevar a cabo hasta que haya una resolución final de ese tribunal sobre el caso.

Entretanto, varios legisladores de la oposición se pronunciaron a favor de la apertura de una investigación.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), “los responsables del montaje deben ser sujetos a sanción igual que los delincuentes y secuestradores”.

El presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que García Luna “queda en entredicho” y que si sigue en el cargo es “porque vivimos en un país de cínicos, donde todo el mundo hace lo que se le pega la gana”.

“Exigir la dimisión de García Luna es lo menos que puede hacer el jefe titular del Ejecutivo”, opinó por su parte el jefe del grupo parlamentario del PRD, Armando Ríos.

En Francia, el abogado de Florence Cassez en este país, Franck Berton, confirmó a la AFP su intención de presentar una demanda contra García Luna ante la justicia gala, aunque no precisó cuándo lo haría.

“En la medida en que la justicia mexicana ha reconocido oficialmente que hubo fabricación de pruebas, esto me permite reconsiderar mi proyecto de demanda contra el ministro mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna”, declaró.