México.- Al aprobarse ayer en el pleno del Senado de la República las minutas sobre seguridad pública, legisladores de todas las fuerzas políticas advirtieron que cuando los delitos llegan al nivel de impunidad que se ha alcanzado en México, sobre todo en el caso del secuestro, existe riesgo de que los ciudadanos decidan aplicar la justicia por sus propias manos.

El senador por el PAN Ricardo García Cervantes pidió que las modificaciones al artículo 73 constitucional, avaladas ayer por consenso y que hoy se enviarán a los congresos de los estados, sean asumidas por esas legislaturas con responsabilidad, con el propósito de devolver a los ciudadanos la dignidad y el valor de la vida.

Señaló que 15 familias mexicanas están cada día al pendiente del teléfono, esperando, implorando que suene, y que del otro lado del receptor, el secuestrador de su hijo, de su padre o de su esposa, ponga las condiciones del rescate y les entregue vivo a su familiar.

Si 15 familias viven esa angustia cada día, más grave es que el ciento por ciento de los mexicanos hayan caído en la desesperación, porque sus gobiernos no son capaces de garantizarles su seguridad y su vida, e incluso que se haya abierto el debate sobre la pena de muerte.

García Cervantes advirtió: “Si esta reforma constitucional va a servir para excusarnos unos, para escondernos otros, mejor no la hagamos”. La modificación a la Carta Magna, insistió, es para que los tres niveles de gobierno asuman que no se permitirá “que la sociedad mexicana se envilezca por la frustración y el odio, y desprecie la vida de su victimario, por la desesperanza que genera la inacción, la ineficacia de instituciones de procuración de justicia”.

Antes, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador por el PRI Pedro Joaquín Coldwell, resaltó que México es uno de los países con más número de plagios, ya que lo practican tanto bandas del crimen organizado como simples grupos de vándalos “con alteraciones nerviosas que los conducen a mutilar o a privar de la vida a los secuestrados”.

Por su parte, el senador por el PRD Tomás Torres Mercado explicó que las modificaciones al artículo 73 constitucional permiten crear una ley general antisecuestros que plasme y defina los tipos penales, las sanciones y la forma en que el Distrito Federal y los estados van a participar, porque en la actualidad el plagio de personas es sólo de competencia federal.

A su vez, la senadora Rosario Ibarra recalcó que desde hace décadas hay secuestros ordenados “desde lo alto del poder”. Aludió a los 557 desaparecidos políticos desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que no se sabe dónde están ni si siguen vivos.

Durante la última sesión del periodo, la Cámara de Senadores aprobó también la minuta con reformas al Código Penal Federal, que tiene como finalidad castigar con cuatro y hasta 10 años de prisión a quienes obtengan información protegida de seguridad pública; y a quienes falsifiquen uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier otra institución se le impondrá cárcel de cinco a 12 años.
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