México, DF.- Desde el inicio de su sexenio, el presidente Felipe Calderón ha tenido una fe ciega en el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna y su equipo.

Lo anterior, pese a los malos resultados, los atropellos y actos ilícitos en los que han sido sorprendidos.

Calderón ha usado esta corporación policiaca para combatir el secuestro, la inseguridad y el narcotráfico, además de vigilar los comicios locales y federales. Pero hasta ahora no ha dado los resultados esperados.

A fines del año pasado, elementos de la SSP federal fueron enviados a Guerrero para controlar la movilización de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho en el que resultaron asesinados dos estudiantes y otros más fueron golpeados y torturados.

En este caso, que actualmente es analizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se implica a la Policía estatal de Guerrero y a la Policía Federal.

Desde el inicio de la administración calderonista, todo lo que toca la SSP se enturbia, se pudre. Es una dependencia que siempre ha estado implicada en hechos de escándalo y simulación.

Sus altos funcionarios han sido acusados de participar activamente en la delincuencia organizada. Las pruebas de los contubernios están en manos del Gobierno de Estados Unidos, según información recabada por “Reporte Índigo”.

Durante 10 meses, “Reporte Índigo” se dio a la tarea de investigar algo fundamental que todos los ciudadanos merecen saber: ¿Hay alguna razón para confiar en los mandos de la SSP? Hoy se tiene la respuesta.

El gobierno de Calderón impuso la aplicación de exámenes de confianza (pruebas de polígrafo, toxicológicas, sicológicas, patrimoniales y médicas) para saber si un mando policiaco es o no confiable. Con base en eso, se determina si puede seguir en el cargo o debe ser despedido.

En los cinco años que ha estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna sólo ha presentado una vez sus exámenes de control de confianza.

Esto viola el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008 y creado debido a la crisis de inseguridad y corrupción prevaleciente en México. También infringe la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que obliga a una certificación permanente de los policías del país.

De acuerdo con las normas internas de la SSP vigentes desde 2006, el secretario García Luna debería ser destituido.

Irónicamente, la información sobre el único examen que ha presentado el secretario federal es tan oscura como su reputación.

Y los dos miembros más importantes de su equipo están en la misma circunstancia.

Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito, ha presentado una sola evaluación de control de confianza en cinco años. Esto representa una violación a la ley, y de acuerdo con las normas vigentes, también debería ser destituido.

En el caso del comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, se supone que se sometió a las evaluaciones en 2007, 2009 y 2010.

Pero la Policía Federal (PF) informará a la sociedad si estos mandos policiacos pasaron o no los exámenes hasta dentro de 12 años, cuando las violaciones a la ley hayan prescrito.

Los exámenes de Gerardo Garay Cadena, ex comisionado de la PF encarcelado en un penal de máxima seguridad, nunca serán revelados, dijo la PF.

Tampoco serán dados a conocer los del ex secretario particular de García Luna, Mario Velarde, sujeto a investigación por delincuencia organizada en 2009. Ni los del ex director del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Francisco Gómez Meza, hoy preso acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

La misma suerte correrán las evaluaciones de Édgar Enrique Bayardo, quien fue acusado de servir al cártel de Sinaloa y resultó asesinado en diciembre de 2009.

Y gracias a los recursos de revisión interpuestos por “Reporte Índigo”, ahora se sabe que Édgar Millán, acribillado en 2008, enterrado como héroe y acusado de trabajar para el crimen organizado, nunca presentó un examen de control de confianza mientras trabajó en la SSP como mando de la Policía Federal.

Éstos son los oscuros exámenes de confianza de Genaro García Luna y su equipo.

El show de García Luna

El pasado miércoles 11 de enero, evadiendo el llamado a cuentas de la CNDH por el caso de la represión y homicidio de normalistas en Guerrero, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna estuvo de gira en Washington, D.C.

Según su oficina de prensa, se reunió con funcionarios del gobierno de Barack Obama y presentó su libro “El Nuevo Modelo de Seguridad para México”. 

En su presentación, describió un país que no existe, tal como lo hace en México.

Manipulando cifras oficiales a su conveniencia, afirmó que en México ha disminuido el crimen y la violencia en los últimos cinco años. Pero lo desmiente la realidad cotidiana del aumento de ejecuciones, torturas y secuestros.

Uno de los asistentes al evento fue el empresario Eduardo García Valseca, quien vivió un secuestro atroz en 2007. Acudió para increpar al funcionario por su ineficiencia y corrupción en la investigación de su plagio y desenmascararlo ante la opinión pública.

Pero no le dieron la palabra, señaló el empresario en una entrevista realizada después del evento.
 
“Este tipo hablaba como si no estuviera hablando de México sino de Suiza. ¿Cómo se atreve a hablar de una mejor policía cuando van cuatro años de mi secuestro, es un caso que él personalmente atendió y no hay ni un solo detenido? Es un farsante, un corrupto”, dijo García Valseca.
 
EU tiene información contra García Luna

Genaro García Luna montó en Estados Unidos el show de siempre.

Hace unas semanas, García Valseca tuvo un encuentro con altos funcionarios del Departamento de Estado de EU porque su esposa, Jayne Rager, es estadounidense y tiene relaciones en el Congreso de su país.
 
En esa reunión, le informaron que sería atendido como esposo de una ciudadana norteamericana. Y le revelaron que el Gobierno de EU posee información documentada de los vínculos de García Luna y su equipo con la delincuencia organizada en México.

Desde hace cinco años, “Reporte Índigo” ha denunciado hechos de corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sus altos funcionarios han sido acusados de participar en diversos tipos de ilícitos. Y no se trata de hechos aislados. La lista es larga y escandalosa.

A Lorena González, quien era comandante de la PF, se le imputa ser parte de la banda de secuestradores conocida como La Flor y haber participado en el plagio de Fernando Martí en 2008.

Ella trabajaba directamente con Facundo Rosas Rosas, pero este funcionario mintió al negar dicha relación laboral.

El comisionado de la PF, Édgar Eusebio Millán, ejecutado en mayo de 2008, y a quien se le rindió un homenaje digno de un héroe, se le acusa directamente en averiguaciones previas de trabajar para el cártel de Sinaloa y con bandas de secuestradores como La Flor.

Otro comisionado, Gerardo Garay Cadena, fue acusado de proteger al cártel de Sinaloa y de robar armas y dinero al bando contrario en un operativo realizado en una casa del Desierto de los Leones, en octubre de 2008.

Ahora se sabe que gracias a su jefe, Genaro García Luna, saldrá en libertad en unos meses.

Los mandos de la PF que son enviados para pacificar las ciudades más violentas de México, llevan el terror. Así ocurrió en 2010 en Ciudad Juárez.
 
Subalternos de esos mandos los acusaron de extorsionar a la población. Incluso demostraron que guardaban droga y armas en sus centros operativos para llevar a cabo esas extorsiones. No se hizo nada.

En septiembre de 2011, en Ciudad Juárez, un ciudadano presentó cargos formales contra 10 policías federales por ser víctima de golpes y extorsión. Y en noviembre pasado, fueron detenidos otros dos elementos acusados de secuestrar a una mujer.
 
En 2010, Francisco Javier Gómez Meza dejó de ser director del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y pasó a ser huésped de una cárcel federal acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa.

Mario Velarde, ex secretario particular de García Luna en los seis años que estuvo al frente de la AFI y colaborador muy cercano en la SSP, fue acusado en 2008 de trabajar para el cártel de Sinaloa. Logró que no lo detuvieran, pero renunció a su cargo casi inmediatamente.

La lista de escándalos de corrupción y abuso de autoridad es interminable. A ella se suman las acusaciones de abuso de autoridad y presunto homicidio contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero.
 
La Procuraduría de Justicia de Guerrero denunció que los jóvenes normalistas fueron asesinados por agentes de la Policía Federal, pero el caso fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR), y la instancia responsable de allegar las pruebas y el parte informativo fue la propia Policía Federal.

Ahora se entiende por qué la SSP no ha dado resultados en cinco años, pese a que ha crecido exponencialmente en cuanto a presupuesto y personal. Si los altos mandos no cumplen con la ley, ¿qué se puede esperar de los subalternos?

Los exámenes de confianza

Hasta ahora, los únicos instrumentos legales para evaluar la confiabilidad de un policía, desde un secretario de seguridad pública federal, estatal o municipal, hasta un elemento de calle, son los exámenes estipulados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 
El acuerdo fue firmado el 21 de agosto de 2008 en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Uno de los firmantes de este documento es Genaro García Luna.

Existe un Centro Nacional de Certificación y Acreditación que forma parte del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su función es avalar los centros de certificación y acreditación de los estados, además de definir las políticas y criterios de evaluación.

Genaro García Luna y Felipe Calderón han pretendido crear una policía única para eliminar las corporaciones estatales y municipales. Su justificación es que los funcionarios de seguridad de los estados y los municipios no aplican las evaluaciones de control de confianza, o no los pasan.
 
El Centro Nacional de Control de Confianza es responsabilidad de la SSP federal de acuerdo al Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.
 
La información oficial señala que a través de la Ley Federal de Transparencia, la evaluación de Control de Confianza comprende cinco fases: toxicología, psicología, poligrafía, investigación socioeconómica y médica.
 
La evaluación permanente del personal en activo se aplicará cada dos años, precisa el secretariado. Los Centros de Control de Confianza de los estados son calificados por la SSP federal.
 
Se sabe que la SSP federal aplica exámenes de control de confianza a policías de todos los estados y municipios. Estas evaluaciones se llevan a cabo en sus instalaciones o son aplicadas por compañías privadas contratadas por la dependencia federal.

La SSP determina quiénes pasan

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en el caso de la SSP y la Policía Federal, “el personal de las instituciones federales es evaluado por sus propios Centros de Control de Confianza”. Y esas pruebas se deben aplicar por lo menos cada dos años.
 
La Dirección de Control de Confianza de la PF y sus métodos para aplicar exámenes y certificar que los funcionarios cumplen con el perfil, son avalados por la propia SSP federal.

En mayo de 2011, “Reporte Índigo” solicitó a la SSP copias de los exámenes de confianza aplicados de 2007 a 2011, así como los resultados de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Francisco Javier Gómez Meza y/o Mesa, Víctor Gerardo Garay Cadena, Édgar Enrique Bayardo del Villar, Édgar Eusebio Millán Gómez y Mario Arturo Velarde Martínez, entre otros funcionarios.

La SSP respondió que la instancia responsable de esa información era la Policía Federal.

En mayo de 2011, “Reporte Índigo” también solicitó información al titular de la Unidad de Enlace de la Policía Federal. La respuesta fue que, con respecto a Cárdenas Palomino, Rosas Rosas, Gómez Meza, Velarde Martínez y Garay Cadena, no podía proporcionar la copia de los exámenes porque los documentos estaban clasificados por 12 años.

Y como la PF catalogó los resultados como “datos personales”, la Unidad de Enlace argumentó que no revelaría la información, pese a que es de interés público para saber si esos policías estaban o están cumpliendo con la ley en el desempeño de sus funciones.

La PF sólo respondió que dichos funcionarios habían sido sometidos a evaluaciones en el periodo 2007-2011, pero no precisó cuántas ni en qué años.

Con respecto a Enrique Bayardo del Villar y Édgar Eusebio Millán Gómez, la PF afirmó que nunca daría a conocer los resultados porque ambos ya habían muerto, como si eso restara relevancia pública a los resultados, sobre todo considerando el alto nivel de los cargos que ocuparon. Bayardo se desempeñó como inspector de Operaciones de la PF y Millán fue comisionado de la misma corporación.
 
Como resultado de los recursos de revisión interpuestos por “Reporte Índigo” ante el IFAI, hoy se sabe que, según la Policía Federal, Millán nunca presentó un examen de control de confianza cuando estuvo en la SS, ni cuando fue comisionado de la PF.

Millán fue enterrado como un héroe por García Luna y el presidente Calderón, pero en expedientes de la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consta que se le vinculó con el crimen organizado.

Sobre García Luna, la PF respondió que según el acuerdo 12/2010 emitido por el propio García Luna, la Dirección de Control de Confianza de la PF haría las evaluaciones al personal activo de la SSP, “sin embargo, en el caso de las Unidades Administrativas dependientes del sector central de dicha Secretaría, los resultados son informados a la instancia competente”.

Con base en ello, la PF señaló que los resultados debían ser solicitados a la Secretaría de Seguridad Pública federal, lo cual contradice lo que oficialmente y con imputación legal respondió la SSP a “Reporte Índigo”.

Pero la PF respondió falsamente. En el acuerdo 12/2010 no se señala que los resultados de los exámenes aplicados a funcionarios de alto nivel, como Genaro García Luna, deban ser entregados a la SSP y que la PF no tenga acceso a ellos.

Durante meses, la SSP y la PF, corporación que depende de esa secretaría, intentaron ocultar la información.

El titular de la SSP es juez y parte en las evaluaciones de todas las policías, tanto la federal, como las estatales y municipales. Y es el primero en incumplir la ley porque su institución miente.