Nacional

Publicado el viernes, 7 de julio del 2017 a las 01:15
Ciudad de México.- El diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo pidió al Gobernador electo de Nayarit, Antonio Echevarría, que cuando asuma el cargo investigue el nexo entre el Mandatario saliente, Roberto Sandoval, con el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, procesado en Estados Unidos por vínculos con grupos del narcotráfico, a fin de determinar los posibles delitos en los que pudieron incurrir ambos.
Señaló que en la entidad se vivió una etapa “terrible”, por lo que el nuevo Gobierno debe hacer justicia y terminar con la impunidad.
“Antonio Echevarría, durante la campaña y después del triunfo electoral, ha dicho enfáticamente que él comenzará una auditoría minuciosa de los recursos y del estado en que se le entregará la administración pública y que va a actuar conforme a la ley”, dijo Acosta al pedir la investigación.
Señaló que en paralelo debe prosperar la propuesta de una Comisión de la Verdad en el Congreso local, que tenga facultades para hacer un escrutinio de lo que se vivió en los últimos años cuando Veytia operaba en la entidad.
“La Comisión podría recibir testimonios y podría presentar denuncias adicionales a las que hoy se están levantando”, dijo.
El ex presidente del PRD señaló que quienes hoy llegan al Gobierno tienen la obligación de no permitir la impunidad, porque si algo molesta mucho en el País, afirmó, es que exista corrupción, abusos de poder y que no pase nada.
“Afortunadamente, las alternancias recientes han traído investigaciones sobre Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua; y Javier Duarte, de Veracruz; entre otros ex Gobernadores acusados de corrupción. Se está dando un primer paso para que el voto popular tenga como resultado que no haya impunidad”, resaltó.
“Y lo que se está viviendo en estas entidades es lo que se debe vivir en Nayarit”, afirmó.
Prevén reformas ante posible liberación de presos peligrosos Jesús Zambrano, vicecoordinador parlamentario, estimó la resolución de los ministros es delicada por el impacto de que delincuentes peligrosos sean liberados, por lo que, dijo, el Congreso debe hacer una revisión al nuevo sistema acusatorio.
“Me parece delicada la decisión de la Corte, en esta materia de los beneficios a los que cometen delitos de alto impacto, (pues) deja más abierta la manga para que puedan tener el beneficio de quedar en libertad bajo caución”, indicó en entrevista telefónica.
Explicó que la experiencia a un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el 18 de junio de 2016, da elementos para hacer una mirada crítica.
Opinó que con mucha responsabilidad y sin prisas se puede hacer una reforma al sistema penal acusatorio.
“He abogado siempre porque se le diera un tiempo prudente, un año creo que ya puede ser suficiente para hacer una revisión y para ver qué es lo que tendría que ser reformable y reformado”, señaló.
“La decisión de la Corte es en verdad muy delicada. Desde luego que, entiendo, está apoyada en una decisión de carácter garantista, es decir, de irse más por los derechos humanos de quienes han cometido un delito”, dijo.
Sin embargo, consideró, no se puso la atención suficiente en la situación de las víctimas de los delitos cometidos.
“La sociedad también dice, con justificada razón: ‘oigan pues entonces qué es lo que está pasando'”, remarcó.
El vicecoordinador parlamentario mencionó que la fracción pidió a los asesores especialistas en materia penal que den una revisión al tema para poder avanzar en la elaboración de una iniciativa de reformas.
“Habrá que buscar los mayores consensos y creo que los podemos lograr entre los distintos grupos parlamentarios, porque hay una preocupación que compartimos que viene precisamente del reclamo social”, subrayó.
Señaló que la propuesta de reformas podría estar lista al inicio del periodo ordinario de sesiones, en septiembre próximo, por lo que habría dos meses previos para su elaboración.
El sol azteca prevé promover reformas a las leyes penales ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacer procedente que reos acusados por delitos graves en el anterior sistema de justicia pidan libertad provisional.
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