En los dos primeros años del Gobierno del presidente López Obrador han desaparecido 19 personas cada día, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Así, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de diciembre de 2020, desaparecieron 14 mil 543 personas. En 2019 fueron 8 mil 717 y en 2020 sumaron 5 mil 826. En el mismo lapso en el Gobierno del presidente Peña Nieto fueron 9 mil 104 y en el del presidente Calderón mil 677. El crecimiento en estos dos últimos años ha sido exponencial.

El 24 marzo de 2019 en Palacio Nacional, cuando se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, el Gobierno se comprometió a terminar con las desapariciones. No ha sido así. Hay una relación directa entre el aumento de los niveles de violencia, que ahora son mayores a los sexenios anteriores, y el crecimiento de las desapariciones.

En el caso particular de Jalisco y Guanajuato, los estados con el mayor número de víctimas, se asocia a la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel Santa Rosa de Lima (CSRL). Las 10 entidades federativas con más casos son: Jalisco (3,547); Guanajuato (1,231); Sonora (1,215); Tamaulipas (1,209); CDMX (1,195); Nuevo León (834); Sinaloa (816); Michoacán (763); Guerrero (466) y Chihuahua (401).

Y las 10 con menos son: Aguascalientes (3); Campeche (6); Tabasco (15); Tlaxcala (18); Nayarit (36); Querétaro (41); Oaxaca (48); Chiapas (77); Baja California (79) y Durango (82).

Los colectivos familiares que buscan a sus seres queridos que han desaparecido afirman que las autoridades federales, estatales y municipales no tienen una estrategia de prevención y atención a los casos.

Y se quejan de que las autoridades, por lo mismo, nunca actúan con la rapidez requerida. Cuando llegan las denuncias no les hacen caso o las dejan de lado y cuando reaccionan es ya muy tarde. A pesar de la gravedad creciente del problema el tema no está en la agenda de las prioridades del Gobierno. El Presidente nunca hace referencia a él. Simplemente lo ignora.

Hay una falta absoluta, insensibilidad y de empatía con los familiares de las víctimas. Los colectivos de desparecidos lo registran y lo dicen. Es uno más de los muchos problemas que la actual Administración no ha sabido encarar. Ahora es mucho mayor que en los gobiernos anteriores. Las expectativas eran otras.