Hoy se cumplen 200 días desde que fue soltado un buscapiés en la mañanera para ver a quién se le enganchaba en Coahuila: Héctor Javier Villarreal Hernández.

El 12 de abril el nombre del extitular del Sistema de Administración Tributaria en el sexenio 2005-2011 fue puesto en la agenda pública desde la conferencia matutina del Presidente, justo el día 11 de la campaña para Gobernador de Coahuila (acaso el territorio donde mayor alcance tendría esa información). Y lo hizo por segunda vez en el año ya que la primera, como se recordará, ocurrió a propósito de su testimonio en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York; el 6 de febrero, durante la intercampaña del proceso electoral.

Así se convirtió en el anzuelo elegido por la 4T para pescar incautos en el estado.

El Mandatario dijo entonces que la Fiscalía General de la República recibió un oficio-respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como “aceptación de la solicitud” para “devolver”, ya sea “completo” o “en partes”, lo decomisado por el Departamento del Tesoro al ex funcionario estatal detenido en 2014 en El Paso, Texas, acusado por lavado de dinero y conspiración, aunque aún a la espera de sentencia de la Corte para el Distrito Oeste de Texas, la cual se ha reprogramado 21 ocasiones en los últimos 9 años, contados a partir del 6 de febrero de 2014, fecha en que inició el juicio.

De acuerdo con López Obrador se trataba de “casi 5 mil millones de pesos”, como si se tratase de la versión transnacional del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (irónicamente uno de los más irregulares y opacos del sexenio). Todo un logro a falta de resultados que presumir durante su gestión. Y no habría ningún inconveniente de no ser porque la cifra siempre fue falsa y el caso manipulado, con un claro propósito de influir en el resultado de la elección celebrada el 4 de junio en Coahuila.

En el documento que mostró públicamente Comunicación Social de Presidencia para respaldar la noticia, constaba que la “Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos” mencionaba que la suma estimada por la FGR como indemnización a México (246 millones 134 mil 284 dólares) era descabellada, pues “el valor total de los bienes (confiscados a Javier Villarreal) es insuficiente”.

Es decir, desde un inicio no había nada. Era humo la cantidad comunicada por el Presidente. Lo cual tiene sentido, ya que a Villarreal fueron decomisados 12 bienes en 2012, tasados en 21.8 millones de dólares, una cuenta bancaria de 6.5 mdd, y otra de 2.3 mdd en 2013, radicada en el banco Butterfield & Son Limited, en Bermuda.

Si bien los inmuebles fueron rematados a menor valor en subastas, tomando como referencia el precio de valuación el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entregarían, en el mejor de los escenarios, 30.6 mdd a México, monto que significaría 12% de los recursos exigidos por la Fiscalía (246.1 mdd).

No serían “casi 5 mil millones de pesos”, sino 550 millones al tipo de cambio actual. Pero lo más importante: parte del botín ya fue reclamado en 2013 por Luis Fernando Salazar, a la sazón Senador por Coahuila, vía el despacho de abogados Susman Godfrey L.L.P., con sede en Estados Unidos. No obstante para consumar el trámite se requería entonces la petición de Rubén Moreira o Enrique Peña Nieto como autoridades ejecutivas legitimadas, y nada hicieron al respecto.

El plazo perentorio ante el propio Departamento de Justicia venció el 15 de enero de 2015.

Cortita y al pie

Por ello fue sorpresivo el atemporal episodio. De entrada, porque Villarreal declaró a principios de 2023 que sólo había robado 2.5 mdd de Coahuila durante el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York donde testificó. Luego porque lo confiscado -o por lo menos una parte- ya no se puede reclamar. Y finalmente porque su sentencia, programada para el pasado 24 de octubre, fue postergada hasta el 24 de abril de 2024 (aunque Villarreal se halla en libertad condicional desde 2015).

¿Por qué tendría entonces que ‘regresar’ algo Estados Unidos antes de la hipotética fecha?

La última y nos vamos

En Coahuila el río nunca estuvo revuelto como para obtener ganancia de pescadores. A la 4T original (Morena) y a la pirata (PT) les urgía revolver las aguas como estrategia para revivir a sus candidatos a la Gubernatura por consecuencia. Y nada más. Todo se reduce a grilla. No sucedió.

Y mejor que haya sucedido así, pues donde han metido las manos, como en AHMSA por ejemplo, lo han destruido todo. Como régimen populista-militarista, ellos son el huracán categoría 5.