El 2025 fue un año de asedio al periodismo; un ciclo anual donde fuimos espectadores de la pérdida paulatina de libertades como no existía precedente, por lo menos no durante la época de la democracia en México, la cual duró de 1997 a 2024.

Con la reinstauración en el sistema político del partido dominante, a partir del 1 de septiembre de 2024 con la conformación absolutista en el Congreso de la Unión, y el asalto al Poder Judicial como colofón del periodo regresivo, a mediados del 2025, se sembraron las condiciones para que los aparatos estatales, 24 de los cuales ostenta la coalición en el poder, puedan avanzar sus agendas políticas sin que una oposición ciudadana pueda frenar esa conquista de terreno.

La extinción del INAI, y seis órganos autónomos más, consumada en diciembre de 2024, constituyó el primer paso.

Posteriormente los nuevos instrumentos en la legislación para coartar la crítica, amedrentar, silenciar y castigar, con envoltorio de violencia política por razón de género, cuyo uso y abuso ha provocado un debate en la opinión pública, especialmente a raíz del caso que involucra a la diputada federal del PT que recibió el mote de “Dato Protegido”.

Por su parte la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, publicada el 28 de noviembre, contiene, en su redacción, elementos que pueden ser utilizados para empapelar a cualquier personaje incómodo, al ser redactados con vaguedades. Así cualquier crítica, cobertura o investigación periodística podría ser querellada como extorsión, bajo argumentos tan amplios como “daño moral”, “daño psicológico” u “obtener un beneficio”, y publicar información de interés público, convertirse en riesgo penal.

En lo local destacan los ejemplos de Campeche, Veracruz, Michoacán y Puebla, todos gobernados por Morena.

El 15 de septiembre, en Campeche, se impuso a un periodista y su medio de comunicación (el periódico “Tribuna”) la figura del “censor designado”. Un precedente peligroso.

Una jueza de control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, ordenó que las publicaciones relacionadas con la gobernadora, Layda Sansores, sean revisadas antes de difundirse, durante un periodo de tres meses.

Cada nota donde se le mencione deberá enviarse a revisión del Poder Judicial en aquella entidad para recibir observaciones, modificaciones, o incluso la prohibición de la publicación.

El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la mandataria, quien previamente había logrado el cierre de las instalaciones del diario, y la inhabilitación del periodista que lo dirigía, durante dos años, tras una demanda por “incitación al odio”, además de “violencia, calumnias y difamación”.

Además fue arrestado éste y obligado a pagar una multa millonaria, al tiempo que su casa fue embargada. También consiguió le entregasen el nombre y los datos del responsable de las redes sociales del periódico en un plazo de 48 horas, como medida cautelar. Extraoficialmente Gobierno del Estado solicitó información sobre los bienes de otros tres periodistas obligados a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora.

En Coatzacoalcos, Veracruz, el 24 de diciembre, fue detenido, vinculado a proceso y sometido a un año de prisión domiciliaria un comunicador, inicialmente por el delito de terrorismo, y posteriormente por “encubrimiento”, por no revelar las fuentes de su cobertura periodística de nota roja, especialmente delincuencia organizada y violencia criminal, pese a que la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia al respecto, sobre la reserva como elemento esencial del ejercicio periodismo.

En Michoacán, también este mes, una mujer fue aprehendida por hacer publicaciones en redes sociales contra un servidor público municipal, encauzadas bajo el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos.

En Puebla, un periodista, director de un medio digital con años de trayectoria, fue vinculado a proceso también por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, las cuales, irónicamente, se fundan en los pagos que hizo este a su abogado defensor en el mismo caso.

Para cerrar la anualidad, desde las entrañas del régimen, es decir, durante la conferencia matutina de la Presidenta, se cuestionó el proceder del periódico El Universal, al publicar en su portada del 30 de diciembre un gráfico con las fotografías en vida de los 13 fallecidos en el trenazo del Istmo el día 28 del mismo mes.

Un trabajo periodístico impecable, de documentación y memoria, para humanizar la tragedia provocada por una obra ferroviaria que apenas cumple dos años de inaugurada y que lleva el sello de la corrupción emanada desde…

Un acto de censura velada que se acompañó por un desplegado del partido-gobierno para reafirmar su posición en torno al tema.

A lado de la publicación que se llevó las ‘ocho columnas’, en un extremo, destacaba otra nota: “Intocables de la 4T: inmunes ante los escándalos; pese a señalamientos y denuncias, figuras clave para el gobierno cierran el año sin consecuencias”.

Eso es lo que duele.

Cortita y al pie

Si el político, por su labor objeto de escrutinio y revisión, es corrupto, la culpa recaerá entonces en el comunicador que lo difunde. En la sociedad actual el enemigo son los periodistas.

Los ejemplos más notorios tienen origen en publicaciones de redes sociales que buscan denostar, hostigar y, en última instancia, desestimar al mensajero. Se cuentan por miles.

Ha revivido entonces el ritual de la retractación pública. El ceremonial de la pena. El espectáculo punitivo del poder cayendo sobre el culpable.

Lo que Foucault identifica y conceptúa como “suplicio” en su libro Vigilar y Castigar (Siglo XXI, 1975). Menciona el autor francés: “La ejecución de la pena no se realiza para dar el espectáculo de la mesura, sino el del desequilibrio y del exceso; debe existir, en esa liturgia de la pena, una afirmación enfática del poder y de su superioridad intrínseca. El suplicio no restablece la justicia, reactiva el poder; es una manifestación de fuerza”.

La última y nos vamos

Cada día se acumulan nuevos esfuerzos, públicos y privados, por desacreditar al periodismo. Algunos ociosos, producto de la inercia; otros más -la mayoría- sincronizados y con conocimiento de causa. Todo suma. A fuerza de repetirse, y por imitación, se ha vuelto deporte nacional.

Si bien el fenómeno no es nuevo, a últimas fechas experimentamos una regresión en la vida pública del país. El regreso a la jaula, de Roger Bartra. Así se va normalizando el asedio.

Nuevo año, sí, viejos vicios también. Contra esos hay que combatir los siguientes 365 días.

@luiscarlosplata