El 25 de junio es una efeméride mundial, dedicada a promover la erradicación de la práctica de la tauromaquia. La palabra tauromaquia proviene de términos griegos, que significan “toro” y “luchar”. Antitauromaquía es, como se conoce, al activismo que se opone a la utilización de los toros en espectáculos o festejos, y a los aficionados a la tauromaquia se les denomina taurinos, por lo tanto, sus contra partidarios son los antitaurinos.

La prohibición a las celebraciones taurinas no son recientes. Son ilegales por ley en muchos países, desde hace algún tiempo, como en Argentina (1899), Cuba (1899), Reino Unido (1824), y Uruguay (1921). Sin embargo, en países como España, Francia, Portugal y México, en los que son permitidas, los debates se han dado más recientemente en provincias, municipios y estados, donde se han erradicado.

La historia nos dice que los primeros toros bravos que llegaron a México, los trajo Hernán Cortes, y el primer registro de una corrida de toros como espectáculo data del 24 de junio de 1526. El historiador José Coello Ugalde explica –en uno de sus libros–, cómo “el conquistador” desarrolló esta actividad en el valle de Toluca, convirtiéndose así en el primer ganadero de la Nueva España.

Las primeras prohibiciones a las corridas de toros se ubican entre 1567 y 1596. La Iglesia intentó condenarlas a través de diferentes bulas durante los siglos 17 y 18. Pero la oposición a su realización no sólo fue de la Iglesia, también autoridades entre virreinales y alcaldías populares, rechazaron a la “Fiesta Brava”, entre ellas, destaca la de Miguel Lerdo de Tejada, como miembro del ayuntamiento en 1851.

La prohibición más importante del México independiente se remonta a 1867, promulgada por el presidente Benito Juárez, mediante el Decreto 6169, del 28 de noviembre, misma que fue levantada en 1886.

Las iniciativas en México sobre la prohibición de las corridas de toros, siempre han causado reacciones ente taurófilos y ambientalistas, cada quien, anuncia sus argumentos como se ha hecho en los países en los que se ha establecido la prohibición, así como aquellos en las que son legales.

En nuestro país, apenas en mayo, en Sonora, se cumplieron 10 años de la prohibición de las corridas de toros (2013), aunque después siguió Guerrero (2014), Coahuila (2015), Quintana Roo (2019) y Sinaloa (2022).

En junio del año pasado, Reporte Índigo hace un análisis de las encuestas publicadas sobre el tema, en el que señala que si la “Fiesta Brava” se tuviera que decidir por consulta, lo más probable es que sería desfavorable para los taurinos, ya que 6 de cada 10 mexicanos están a favor de la prohibición.

En febrero de este año, las voces de activistas se dejaron escuchar frente al palacio de San Lázaro, a fin de exigir se aprueben las reformas que prohibían la tauromaquia en el país, pues la iniciativa a la Ley General de Desarrollo Ecológico se encuentra detenida. Pero como una reacción lógica, en abril, la asociación civil Tauromaquia Mexicana, entregó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa firmada por 30 mil personas a favor de la permanencia de las corridas de toros en la capital del país.

Escuchamos entre las justificaciones, testimonios y explicaciones, de cada una de las partes, de si se trata de una tradición que nos contacta con el pasado, y que, por lo tanto, es parte de la cultura, o que, por el contrario, debiera abolirse, como aquellas prácticas antiguas consideradas contrarias a la evolución y en franca contradicción con las normas progresivas de protección al medio ambiente.

Los protectores del medio ambiente y de los animales, consideran que hay un trato cruel, violento y degradante al toro de lidia. Los taurinos replican que es uno de los animales mejor cuidados y tratados durante su vida y que tal forma de morir en el ruedo lo hace trascender con una belleza que transforma su animalidad.

Ante la interminable discusión en nuestro país sobre la tauromaquia, con base en los argumentos y canales establecidos para esclarecer esta disyuntiva, y al margen de opiniones personales, –que para ello es la reflexión el día de hoy–, muy probablemente será, en el terreno judicial, donde se determine establecer un equilibrio entre los derechos constitucionales que invocan las partes y se ponga, de una vez por todas, punto final, a esta discusión.