El 6 de junio de 2021 elegiremos los 38 Ayuntamientos de la entidad en medio de las votaciones más caras de la historia: 499 millones 104 mil 515 pesos costará el ejercicio, cerca del 3% más caro que el de 2018, el último de características similares.

Todavía en emergencia sanitaria y con una crisis que se acentuará el primer trimestre del próximo año, debido a la contracción económica, si no hay modificaciones al proyecto entregado por el Instituto Electoral de Coahuila al Ejecutivo, y este al Congreso del Estado para su aprobación, casi 500 millones de pesos se distribuirán a partir del 1 de enero entre servicios personales, materiales y suministros, servicios generales (47.3 millones prácticamente a discreción), prerrogativas a partidos políticos, y bienes (así, a secas).

¿Es absolutamente necesario e indispensable gastar esos recursos? ¿No se pueden organizar con menos dispendio centros de votación encabezados por ciudadanos? ¿Tanto depende la presunta democracia de las carretadas de dinero público?

Cabe señalar que la renovación periódica del poder (el motivo de convocar a un proceso electoral a partir del 1 de enero) si bien es sana, actualmente se halla en asedio por la intención malsana y antidemocrática de forzar una segunda reelección de alcaldes para un tercer periodo consecutivo. Algo que la ley no contempla, se interprete como se interprete (de hecho la prohibición es tan clara que ni siquiera necesita interpretación).

Dicho de otra forma: se busca que quienes fueron electos en 2017 por un año, y en 2018 para el trienio 2019-2021, puedan presidir las comunas por tres años más, hasta 2024. Siete años durarían en el cargo de ganar en las urnas; más que un Gobernador o un Presidente de la República, para dimensionar. Y dicha circunstancia no se antoja tan difícil pues parten con ventaja contra sus eventuales competidores, ya que pueden continuar en el cargo, es decir, al mando del millonario presupuesto anual, mientras hacen campaña.

Una aberración desde cualquier punto de vista que no se sostiene ni con argumentaciones jurídicas, aunque la decisión final dependerá básicamente de las componendas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano más político que de justicia, y ejemplos de su actuación sobran.

Por lo demás, es irónico que mientras la denominada Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores, demanda un incremento de participaciones federales sin ser correspondida, tierra adentro el IEC es el organismo autónomo más beneficiado presupuestalmente. Asentado en un edificio faraónico recién estrenado que al final costó más de 80 millones de pesos con las adendas presupuestales. Inmutable ante las coyunturas políticas e impugnaciones a su actuar. Inescrutable pese a la evidencia del derroche y sobreprecios, demostrada en este mismo espacio el 15 de marzo, 7 de junio y 25 de octubre, con sus compras realizadas durante 2020 (en marzo, antes de que se decretara la suspensión del proceso electoral debido a la pandemia, pagó 39 millones de pesos por los mismos paquetes –urnas, mamparas, lápices y cajas– que, un año atrás, para la elección de 2018, le habían costado la mitad.

El mismo mes adquirió a una sociedad mercantil, con características de facturera, equipo de cómputo para el PREP en 2 millones 372 mil pesos, inflando la operación al doble de su valor en el mercado. En septiembre adjudicó en 9 millones 545 mil 640 pesos, 100% adicional a su valor en el mercado al menudeo, los kits anticovid que fueron utilizados durante la jornada electoral a una sociedad civil encabezada por el ciudadano canadiense Ethen Emmanuel Laing, sin experiencia en el negocio y representado por exfuncionarios panistas del Municipio de Saltillo en el cuatrienio 2014-2017.

Cortita y a pie

Un dato a tomar en cuenta: se trata de la última elección en que participan los consejeros que conforman la alineación original del IEC: la presidenta, Gabriela María de León Farías, se va en 2022, y Gustavo Alberto Espinosa Padrón, Alejandro González Estrada y Karla Verónica Félix Neira en 2021, pues otro roster guiará y calificará los próximos comicios locales de 2023. Mientras tanto ejercerán 124 millones 268 mil 766 pesos más que en el proceso electoral de 2018. ¿Año de Hidalgo?

La última y nos vamos

Como si no hicieran falta para asuntos más importantes como la salud pública. Por ello no hay una palabra que defina de mejor forma lo que significa una bolsa de casi 500 millones de pesos a la basura para el ejercicio fiscal 2021 en las condiciones actuales: insultante.