México, DF.- Javier Rodolfo Carrillo Peña, director de Promoción de Ficrea, está ubicado por autoridades federales como el principal responsable de captar cientos de millones de pesos de instituciones gubernamentales.

Funcionarios de dependencias estatales han informado a las autoridades financieras que Carrillo fue con quien trataron las inversiones.

Sin embargo, en el papel, su nombre no aparece como ejecutivo responsable de la captación, sino el de una mujer, indicaron fuentes allegadas a la investigación del Gobierno federal.

Sobrino del dueño de una cadena de restaurantes en el DF, Carrillo es un joven administrador de empresas que se convirtió en el hombre de confianza de Carlos García, director comercial de Ficrea. Su paradero se desconoce.

La financiera de Rafael Olvera Amezcua, hoy prófugo de la justicia, recibió 120 millones de pesos del Tribunal Superior de Justicia del DF y 92 millones del Poder Judicial de Coahuila, los que fueron invertidos por las altas tasas de interés.

Por el desfalco, la PGR indagó también al círculo cercano de Olvera, entre quienes se encuentran Javier de Jesús Calderón y Salas, presidente del Consejo de Administración; Gilberto Cerón Poo, director corporativo, y Alejandro Antonio Mendoza Vélez, director jurídico.

Otros personajes de interés para las autoridades son los integrantes de los dos comités con que operaba Ficrea, el de Crédito y el General, según refirió el personal allegado a la indagatoria.

El caso Ficrea también tiene otra vertiente, el de los créditos otorgados a entidades gubernamentales.

El pasado 17 de diciembre, durante una visita de inspección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vanessa Ramírez Coss y Lion, directora de crédito de Ficrea, aseguró que esta Sofipo no había otorgado créditos a gobiernos locales, estatales o incluso el federal.

En parte era cierto, porque estas operaciones las llevaba a cabo la arrendadora Leadman Trade, acusada de triangular los recursos que Ficrea estafó a sus ahorradores.

Según información financiera, Leadman le prestó más de 206 millones de pesos al Gobierno de Coahuila en 2011, por el que dejó en garantía 211 bienes, y el Gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca le pagó 794 millones, relacionados con maquinaria.

Disfrazó depósitos, aseguran

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtió a Ficrea que no podía captar recursos como los del Poder Judicial de Coahuila, pero la sociedad financiera popular (Sofipo) burló la vigilancia y disfrazó sus operaciones.

Durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, explicó ante los legisladores que Ficrea iba poniendo “parches” a sus operaciones pero no corregía sus problemas.

“Es de señalarse que en las observaciones previas que hicimos a la Sofipo le dijimos que estas operaciones que estaba realizando con (la arrendadora) Leadman no las podía hacer. Fueron observadas por la comisión antes de 2014”, expuso.

“Pero como muchas otras que le observó la comisión a la sociedad financiera popular Ficrea, les iba poniendo parches. Entonces, eso iba corrigiendo supuestamente esas observaciones”.

En el caso de los depósitos que recibió de Coahuila, detalló, en su momento se le advirtió a Ficrea que no podía recibir esos recursos.

“Se le observó (a Ficrea) que no podía recibir esos depósitos porque no era una Sofipo que tuviera ni la autorización ni el nivel para recibir depósitos de esas instituciones; sin embargo, iba creando condiciones para que no pudieran ser vistas por la comisión”, apuntó.

De hecho, agregó, en la base de datos de depositantes no están ni el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ni el Poder Judicial de Coahuila, porque Ficrea captó esos recursos con otros esquemas que son ajenos a la ley.

“Estas operaciones que señalaban que se llevaban a cabo en su momento fueron observadas por la comisión”, insistió.

“Supuestamente se corrigieron por la institución y una vez que entramos y que intervenimos ya a las instituciones (Ficrea y las arrendadoras), nos dimos cuenta que esas correcciones habían sido nada más superficiales y que se seguían llevando a cabo”.

La de Ficrea, indicó, fue una investigación que llevó tiempo y en la que se respetaron los derechos de audiencia que tenían los directivos de la Sofipo.

“Además, siendo un fraude, estaba todo construido para que no nos diéramos cuenta, pero como actuamos coordinadamente con las otras autoridades y como lo hicimos responsablemente pudimos identificar precisamente que era un fraude”, señaló.

El funcionario admitió que la Ley de Ahorro y Crédito Popular es frágil.

“Durante los últimos 15 años hemos pensando que las cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares, por ser populares deben de tener un régimen a lo mejor un poco más flexible”, comentó.

“Pero lo que deja es el riesgo que hoy estamos viendo, y como ha ocurrido en otros casos de cooperativas, también se han vuelto insolventes y se generan estas oportunidades de fraude o de malas administraciones que generan un daño a los ahorradores”.

ch