Chihuahua, Chi.- Ejidatarios y miembros de la comunidad indígena de San Elías Repechike, municipio de Bocoyna, en la Sierra Tarahumara, denunciaron amenazas de muerte en represalia porque se negaron a firmar el derecho para que el gasoducto El Encino-Topolobampo –que va de la frontera de Texas a Sinaloa–, cruce por sus tierras.

La empresa TransCanada, intenta acelerar la reanudación de los trabajos –suspendidos por orden de un juez federal para realizar consultas con las comunidades indígenas–, ante lo cual los habitantes de Repechike demandaron a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) modificar el trazo de la obra, dado el peligro que representa para bosques, manantiales y áreas de pastoreo, explicaron.

En conferencia de prensa transmitida vía Internet, los denunciantes afirmaron ser víctimas de amenazas de representantes de Trans-Canadá y manifestaron temor por su integridad pues, advirtieron, no permitirán que los conductos pasen por sus tierras al considerar riesgos de una eventual contingencia por el traslado de gas natural.

Denunciaron que el 21 de febrero pasado, en una consul- ta efectuada en Creel, convoca- da por la Sener y la CFE, a la que asistieron representantes de TransCanada, las autoridades hablaron en solitario con cada gobernador indígena, lo que constituye un acto de presión para retomar a la brevedad la construcción del gasoducto.

En dicha reunión, añadieron, el segundo gobernador tarahumara, Luis Javier Pérez, de la comunidad San Elías Repechike, leyó un escrito dirigido a la Sener en el que rechazan el gasoducto, demandan reconocimiento a su territorio y solicitan modificar el trazo.

Desde marzo de 2014, la comunidad de San Elías ha solicitado por escrito y de manera verbal en cada reunión con representantes federales y con la empresa el cambio de ruta del gasoducto, “pero no nos han respondido”, señaló Pérez, quien estuvo acompañado por representantes de la Coordinación Estatal de la Tarahumara y de asociaciones civiles.

Presionan a rarámuris

Informaron que la citada reunión fue irregular, debido a que los funcionarios de la Sener apresuraron a los rarámuri a firmar el acta de acuerdo, lo que viola las formas tradicionales de los indígenas, que requiere tiempo para lograr el consenso. Con ello se violentó el principio internacional de la consulta, según el cual, deberá ser culturalmente adecuada y el cual quedó incluido en el protocolo de consulta, pero la autoridad responsable hizo caso omiso.

La prisa por firmar los acuerdos dejó volando los objetivos de las etapas informativa y deliberativa: la información sobre los riesgos del gasoducto en al menos 12 de las 21 comunidades indígenas de la región; y falta de claridad en los criterios que se harán valer para aceptar o no los proyectos que a manera de pago que la empresa efectuará por las afectaciones provocadas por la construcción del gasoducto.

La Consultoría Técnica Comunitaria AC –que respalda a los indígenas– acusó a los representantes de la compañía de incumplir los acuerdos de mejorar las viviendas de los pobladores.