México.- Padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, sur de México, insistieron este martes en su intención de impedir las elecciones locales del 7 de junio, durante una marcha que se celebró al cumplirse ocho meses del crimen y que culminó en un enfrentamiento con policías antimotines.

En el estado de Guerrero, donde se sitúa Ayotzinapa, “no va a haber elecciones, cuenten con ello, no lo vamos a permitir mientras el gobierno no nos entregue a nuestros hijos”, dijo a la AFP Pablo Hernández, padre de Miguel Ángel, uno de los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron el 26 de septiembre tras ser atacados por policías en la cercana Iguala.

“¿Para qué vamos a votar si ningún partido ha sabido resolver nada en Guerrero?”, se preguntaba Hernández, visiblemente cansado después de ocho horas de marchar por Ciudad de México.

Desde la mañana del martes, cuatro marchas partieron simultáneamente desde distintos puntos de la capital hasta converger en el centro histórico, donde se celebró un mitin ante unas 1.500 personas, según cifras del gobierno.

A lo largo de la protesta, varios manifestantes encapuchados arrancaban a su paso la propaganda política que se instaló en las calles por las próximas elecciones locales y legislativas del 7 de junio.

Una vez concluido el mitin, los padres prendieron fuego a las pancartas políticas, pero policías antimotines desplegados en la zona no tardaron en sofocar las llamas con extinguidores.

Esto despertó la ira de los manifestantes y generó un enfrentamiento entre cerca de 600 civiles, algunos de ellos encapuchados, y cerca de 800 uniformados.

No hubo heridos tras el choque y una persona fue arrestada, dijo a la AFP una fuente de la secretaría de Seguridad Pública local.

Según la fiscalía general, los 43 estudiantes fueron atacados por policías de Iguala bajo las órdenes del alcalde, y luego fueron entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Según esta versión, los sicarios habrían asesinado e incinerado a los jóvenes y luego tirado sus restos a un río, al sospechar que entre ellos había infiltrados de un grupo enemigo.

Esta versión, basada en testimonios del centenar de detenidos y evidencias recogidas en el terreno, es rechazada por familiares de las víctimas y puesta en duda por ONG internacionales, porque las pruebas científicas sólo han podido determinar la muerte de uno de los jóvenes.Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia el caso y se espera que haga públicas sus conclusiones en agosto.Este mismo martes, varios familiares de los 43 estudiantes se manifestaron en Buenos Aires, en el marco de una gira latinoamericana que los llevará a varios puntos de Argentina, Uruguay y Brasil.

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