Ciudad de México Aun cuando nació con la intención de impulsar el turismo regional, el programa de la Secretaría de Turismo, Pueblos Mágicos, no ha causado el impacto económico esperado.

Las quejas de prestadores de servicios y de los propios alcaldes apuntan a un presunto abandono de las autoridades.

A 15 años de su nacimiento, el programa Pueblos Mágicos cuenta con un padrón de 111 localidades que reciben fondos especiales para la promoción de sus atractivos locales.

Este año, la Secretaría de Turismo ha destinado un presupuesto de casi mil millones de pesos para promover esos sitios.

Sin embargo, de ese presupuesto no se sabe mucho en los ayuntamientos de los Pueblos Mágicos, a donde sólo les llegan apoyos ocasionales para alguna actividad de promoción cultural, según lo ha reclamado el alcalde de Tzintzuntzan, Michoacán, Elesban Aparicio Cuiriz.

En Tzintzunzan hay molestia entre los pobladores, reconoce el encargado del programa, José Luis Campos Estrada.

Lo mismo pasa en Huamantla, uno de los dos pueblos mágicos con que cuenta el estado de Tlaxcala, donde el Presidente Municipal, José Alejandro Aguilar López, insiste ante la Tesorería del Estado la entrega de fondos que no aterrizan con ellos.

En Huamantla se reconoce que las labores de difusión de esa localidad como Pueblo Mágico efectivamente las realiza la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, pero no se les han entregado fondos para el manejo directo de las actividades que propone el mismo municipio.

La totalidad de los fondos destinados a la promoción de esas entidades turísticas aterrizan primero en las secretarías de turismo de los gobiernos estatales, en donde se dispone de los fondos como ellos gustan.

AUDITORÍA

Una muestra del manejo de recursos federales que no se aplican de manera puntual al programa Pueblos Mágicos, son las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública del 2014.

Allí el órgano fiscalizador federal encontró que el estado de Veracruz utilizó fondos que irían al programa Pueblo Mágico de Coscomatepec para otras partidas presupuestales, con lo que se dejó de apoyar la promoción turística del lugar, dejando de lado los proyectos planteados por la propia Secretaría de Turismo.

DESVÍOS EN ESTADOS

Pero no siempre la falta de recursos para los pueblos mágicos obedece al aparato burocrático de los gobiernos de los estados. A veces es la corrupción en ese mismo nivel administrativo la que evita que los fondos sigan fluyendo de manera confiada desde el Gobierno federal.

El caso más evidente es que quedó al descubierto en Taxco, Guerrero, donde la ASF encontró un quebranto por casi 5 millones de pesos, luego de que una parte del fondo de Pueblos Mágicos se aplicó, por decisión del Gobierno estatal, en obras que no existen en el Museo Nacional de Platería y en el Centro de Convenciones de esa localidad.

Frente a esa situación, el Alcalde de Taxco de Alarcón, Omar Flores Majul, reconoció la posibilidad de que esa localidad pueda perder su condición dentro del programa Pueblos Mágicos. Por ello ha solicitado la intervención de la autoridad judicial para que se sancione a los responsables del mal manejo de los fondos de promoción turística.

En el estado de Guanajuato se ha acusado al Gobierno estatal de haber utilizado el fondo de Pueblos Mágicos para aplicarse en otros programas locales.

También ocurrió lo mismo en el estado de Hidalgo.

FUENTE DE DINERO

El programa de promoción turística que fue creado en la administración del presidente Vicente Fox, para motivar el turismo en los pueblos con atributos simbólicos y una belleza arquitectónica propia, fue replanteado en el 2014, al considerar que la mayoría de las localidades integradas en ese proyecto no cumplían con los requisitos.

En su momento, la propia Secretaría de Turismo reconoció que al menos el 60% de los pueblos catalogados como “Mágicos” no cumplían con la norma “de ser pueblos muy antiguos, con historia y cultura propia, ser protagonistas de hechos trascendentales y leyendas, pero sobre todo, tener una cotidianidad intacta”.

A todos los gobiernos estatales les conviene esa categoría, porque les representa el ingreso permanente de recursos, mismos fondos que son administrados por las tesorerías estatales.