Saltillo, Coah.- Empresarios, organismos civiles y diputados del PRD y el PAN demandaron al Presidente Enrique Peña vetar la parte de la Ley 3 de 3 que obliga a particulares a rendir su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

PRI, PVEM y el Panal aprobaron en el Congreso la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyo Artículo 29 se ablandan las obligaciones a los servidores públicos, pero que en su Artículo 32 sí establece dicha obligación a particulares que tengan contratos con el Gobierno federal o los locales.

Juan Pardinas, presidente del IMCO y promotor de la Ley 3 de 3, consideró que el resultado de la votación refleja una revancha de la partidocracia contra los ciudadanos.

Una ley que pide ‘a gritos’ su veto

Empresarios, organismos civiles y diputados del PRD y el PAN demandaron al presidente Enrique Peña vetar la parte de la Ley 3 de 3 que obliga a los particulares a rendir su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, pero que limita la publicidad de estas declaraciones para los servidores públicos.

PRI, PVEM y el Panal aprobaron en el Congreso la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyo artículo 29 se ablandan las obligaciones a los servidores públicos, pero que en su artículo 32 sí establece dicha obligación a particulares que tengan contratos con el Gobierno federal o los locales.

“Esperamos que el Presidente de la República publique el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ajuste estos dos temas donde el Senado de la República cometió errores que no fueron corregidos por los diputados”, advirtió la Coparmex en pronunciamiento.

Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad y promotor de la Ley 3 de 3, consideró que el resultado de la votación refleja una revancha de la partidocracia contra los ciudadanos.

“Ahorita quien tiene la responsabilidad de corregir es el Presidente de la República”, sostuvo.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, anunció que tanto su partido como el PAN pedirán a Peña vetar la Ley 3 de 3 “incompleta” aprobada por el Congreso.

Que ejerza facultad

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva mantiene la expectativa de que el titular del Ejecutivo Federal ejerza su facultad de veto, al haber desestimado las exigencias de la sociedad.

“Ojalá y el Presidente haga uso de su derecho de veto, como conocemos coloquialmente el derecho del Ejecutivo a observar una ley, o un conjunto de leyes y que por lo tanto, no las decrete”, sentenció.

El legislador perredista se pronunció de esta manera tras expresar su profunda preocupación y molestia, por la actitud que se ha calificado de revanchista por parte de cierto sector del Legislativo.

Martínez Neri coincidió con esta postura, al considerar un absurdo que la obligatoriedad de presentar declaraciones se revierta a las empresas, por lo que ya valoran otras opciones para echar abajo la disposición

“Estamos valorando una acción de inconstitucionalidad”, reveló.

Golpe a los pobres

Millones de personas en situación vulnerable y que son beneficiarias de programas sociales estarían obligadas a presentar su declaración fiscal, patrimonial y de interés, advirtió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En un posicionamiento público, el organismo que afilia a 60 Organizaciones No Gubernamentales, señaló que el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligará a presentar la 3 de 3 a todas las personas físicas que reciban recursos públicos.

“La redacción del artículo 32 obliga a que millones de beneficiarios de Prospera, 65 y Más y del Programa de Apoyo Alimentario presenten sus declaraciones ante el Órgano Interno de Control de los programas”, precisó Rogelio Gómez Hermosillo

El coordinador de la Acción calificó el artículo de absurdo e inoperante, resultado de una revancha contra las organizaciones de la sociedad civil y los empresarios, que impulsaron la iniciativa para que los funcionarios públicos rindan cuentas.

Debido a que la legislación aprobada deja clara la obligatoriedad, urgió a que se modifique la redacción del artículo, pues dijo que se aplicación paralizaría en la práctica los programas sociales.

“¿Qué van a hacer para obtener esas 6 millones de declaraciones? ¿Cómo organizarán a su personal para que las consigan?”, cuestionó.

“Esperamos que haya sensatez, porque esto no es un juego de vencidas, sino una ley que puede ser muy buena. Si México crece y hay menos corrupción, habrá menos pobreza”, auguró Gómez Hermosillo.

‘Trampa vil’

Ricardo Anaya, presidente del PAN, advirtió que hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para particulares con vínculos con el Gobierno, descarrilará el movimiento cívico que empujó esa fórmula de rendición de cuentas.

Dijo que la reforma a la ley es una “trampa vil” que desvirtúa el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Si bien es cierto que la corrupción suele involucrar a un político y a un particular, la idea de hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria.

“Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y, así, frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”, planteó en un comunicado.

Interpretaciones

El PRI en la Cámara de Diputados anunció que hará consultas con especialistas, jueces y magistrados, para determinar los alcances de la reforma que obliga a los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales cuando haya contratos con el sector público.

En conferencia de prensa, los legisladores manifestaron que hay interpretaciones equivocadas sobre el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, votada en medio de las críticas de la oposición, organizaciones ciudadanas y representantes del sector empresarial.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador parlamentario, dijo que su bancada podría estar dispuesta a presentar en breve una iniciativa que corrija el polémico artículo, el cual fue introducido por el PRI-PVEM en el Senado, con lo que se obligó a personas físicas y morales a presentar también la iniciativa 3 de 3.

Señaló que las consultas a especialistas se realizarán de inmediato para que, si es procedente hacer la iniciativa, se presente antes de que entre en vigor la legislación.

El PRI está considerando hacer la consulta directa con el Tribunal Fiscal sobre cómo se vería la aplicación de la norma.

“Los diputados del PRI estamos en la disposición de presentar una iniciativa, después de escuchar a las autoridades, si es necesario, a fin de evitar una confusión en la materia”, dijo.

Indicó que se podría presentar la iniciativa para aclarar a la ciudadanía que en la reforma no se trata de afectar a beneficiarios de programas sociales o pequeñas y medianas empresas que prestan servicios en el sector público.

Aclaró que la redacción de la reforma está dirigida a las grandes empresas y busca evitar que compañías fantasmas se hagan de grandes contratos.

Lo que viene

Tras la aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados, la ley fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Sin embargo, el Mandatario tiene la posibilidad de vetarla.

De acuerdo con el inciso “C” del Artículo 72 de la Constitución, si el Presidente venta el proyecto de ley, será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen. (Con información de Roberto José/Reforma/Notimex)