Alabama.- Ronald Bert Smith Jr. experimentó la noche del jueves en persona las crecientes dificultades en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Smith, de 45 años, tuvo una muerte dramática por inyección letal en Alabama, lo que exhibe de nuevo las dificultades en el acceso a fármacos que garanticen una ejecución digna. Antes de fallecer, el preso agonizó durante 13 minutos, en los que sufrió arcadas y tuvo problemas de respiración, según el relato de testigos presentes.

El caso era polémico de antemano porque la ejecución se efectuó después de lo que permitiera, pocas horas antes, un dividido Tribunal Supremo que rechazó los recursos de la defensa.

Las autoridades de Alabama mataron legalmente a Smith -condenado a muerte por el asesinato de un empleado de un supermercado en 1994- con una combinación de tres sustancias. Al administrarle la primera, empezó a jadear, a toser intensamente y a retorcer su mano izquierda, según una información de un periodista del portal AL.com, que presenció la ejecución.

Un oficial supervisió dos veces si el reo mantenía la consciencia antes de suministrarle las otras dos drogas que lo matarían. Todo el proceso duró 34 minutos. El departamento penitenciario de Alabama anunció que se siguió el protocolo habitual y que se efectuará una autopsia al fallecido, que determinará si hubo irregularidades.

Un portavoz explicó al diario The Washington Post que una de las sustancias suministradas es midazolam, un sedante que supuestamente es la benzodiacepina de efecto más rápido del mercado, pero que ha provocado otras ejecuciones agónicas en el pasado.

En 2014, un preso en Oklahoma se convulsionó y murmuró media hora después de administrarle la inyección letal con esa sustancia. Ese mismo año se registraron complicaciones similares en otros dos Estados. Al año siguiente, el Supremo avaló el uso del midazolam en Oklahoma.

Oposición farmacéutica

Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados en los últimos años a recurrir a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones ante los crecientes problemas de acceso. La oposición de las farmacéuticas europeas al suministro de sustancias ha sido un factor clave.

El pasado mayo, Pfizer, el mayor fabricante estadounidense, anunció la prohibición del uso de sus medicamentos para la pena capital, lo que cerró aún más el mercado autorizado de acceso a fármacos mortales.

Smith fue la vigésima persona, la segunda en Alabama, ejecutada este año en EE UU, que en los últimos años experimenta un descenso en la aplicación de la pena de muerte por problemas legales y logísticos.

Estados Unidos es el quinto país del mundo en número de ejecuciones, por detrás de China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí, según datos de 2015 de Amnistía Internacional. La pena de muerte, reinstaurada en 1976, hace de este país una anomalía en el mundo desarrollado y democrático.

Al margen de las dificultades que sufrió Smith, la pena capital es polémica en Alabama porque permite que sea un juez y no un jurado el que decrete una condena a ejecución. En ese caso, la mayoría del jurado apostó por condenar a Smith a cadena perpetua, pero el magistrado optó por la pena capital. A principios de año, el Supremo consideró ilegal que Florida antepusiera el criterio de un juez y desde entonces estudia si invalidar el sistema de Alabama.

LF