Monterrey.- Un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de dos policías de Fuerza Civil, uno por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y abuso de autoridad, y el otro por abuso de autoridad y equiparable a falsedad de declaraciones dadas a una autoridad y encubrimiento, a raíz de un incidente donde murieron acribillados a balazos dos albañiles de la comunidad indígena teenek de la huasteca potosina y tres más resultaron heridos.

Los hechos delictivos que se atribuyen –en el orden señalado-, a los efectivos de Fuerza Civil, Isaí “N”, de 29 años de edad y César “N” de 42 años de edad, ocurrieron el pasado 26 de septiembre de 2020 a la 01:31 horas en un inmueble en construcción ubicado en Carretera a Villa de Santiago, en la Colonia Valle de los Cristales, al sur de Monterrey.

Como se informó en su momento, al mencionado sitio acudieron los dos efectivos policiacos de Fuerza Civil, y supuestamente al pretender llevar a cabo una revisión, incurrieron en actos de abuso de autoridad, y uno de ellos disparó contra los trabajadores de la construcción.

A raíz de la agresión a mano armada, perdieron la vida por disparos de arma de fuego Claudio Francisco Martínez y Gregorio Santiago Margarito, al tiempo que resultaron lesionados los hermanos del segundo de los fallecidos, Venancio Santiago Margarito y Jaime Santiago Margarito, así como Felipe Martínez Martínez.

El 3 de noviembre de 2020 se desahogó una audiencia de solicitud de orden de aprehensión, la cual se concedió por un juez de control y de juicio oral penal del estado y se ejecutó en contra de los oficiales de Fuerza Civil, el 4 de noviembre en instalaciones de la corporación.

El lunes 9 de noviembre, en la sala virtual Palacio de Justicia Monterrey comparecieron los imputados, en audiencia reprogramada prevista para el 6 de noviembre, por duplicidad del término constitucional, en la que, al resolver la situación jurídica de los efectivos policiacos, el juez dictó auto de vinculación a proceso, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos.

Los policías de Fuerza Civil quedaron presos en el reclusorio número dos de Apodaca, y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación.