México.- Las bancadas panista y perredista en la Cámara de Diputados destacaron que la aprobación de la miscelánea penal es el primer paso para revertir los niveles de más de 90 por ciento de impunidad que gozan los delincuentes en México.

La diputada Yadhira Tamayo Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que dichas reformas permitirán que se autorice la operación de agentes encubiertos contra el crimen organizado e incluso se faculta a particulares a hacer detenciones de criminales en flagrancia.

“Las intervenciones telefónicas podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez, además de que reglamenta que las grabaciones entre particulares tengan peso de prueba, cuando sean aportadas por una de las partes involucradas”, agregó.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que de aplicarse correctamente esta reforma se evitará la fuga de indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, ya que se impondrán medidas cautelares, como brazaletes electrónicos.

La integrante de la Comisión de Justicia detalló que los cambios incluyen la disposición para ejecutar arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más; así como la realización de cateos, sólo bajo orden judicial, que deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.

A su vez, el vicecoordinador del Area Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), César Flores Maldonado, dijo que el Ejecutivo federal debe publicar en breve la miscelánea penal para iniciar lo más pronto posible el proceso de limpia de las instituciones policiacas y revertir la impunidad y corrupción.

“Con la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la miscelánea penal dota al Ejecutivo federal de los instrumentos necesarios para transformar policías, instituciones y procedimientos y ya no hay pretexto de que no hay voluntad de los legisladores”, externó.

Incluso hay cambios para afectar el poder económico de los delincuentes, ya que se incluye que no se les reconozcan derechos sobre bienes, partiendo de que se hicieron de ellos por medios ilícitos, por lo que todas su propiedades deberán pasar a manos del Estado.

Flores Maldonado añadió que también se pretende endurecer las sanciones a policías y funcionarios que alteren evidencias, obstruyan la aplicación de la justicia, o retengan a personas más allá del tiempo establecido por ley.