Ciudad de México.- Después de la violencia que se desató en el Golfo de Santa Clara, Sonora por la falta de permisos ambientales para capturar Curvina Golfina, en el hábitat de la vaquita marina, el gobierno federal ofreció 103 millones 200 mil pesos a permisionarios y pescadores, como pago de compensaciones porque no pueden salir a trabajar.

La propuesta se hizo por conducto de Víctor Arriaga Haro, director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca, quien explicó que se entregarían 24 pesos por cada kilogramo de Curvina, hasta cubrir cuatro mil 300 toneladas de peso entero, que es la cuota de captura autorizada y publicada desde el pasado 10 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el encuentro con el funcionario, las comunidades de San Felipe y Bajo Río, en Baja California aceptaron la oferta, mientras que los representantes del Golfo de Santa Clara se pronunciaron en contra, por no convenir a sus intereses.

El ofrecimiento de pago de 24 pesos por kilogramo de Curvina es muy alto tomando en cuenta que en 2015 y 2016 el precio promedio por kilo fue de 11.37 pesos y 12.41 pesos, respectivamente, de acuerdo a datos de EDF de México (Environmental Defense Fund).

Pescadores consultados señalaron que no conviene el ofrecimiento de Conapesca debido a que el buche o vejiga natatoria de Curvina Golfina se vende aparte y tan sólo el año pasado alcanzó un precio promedio de 478 pesos el kilogramo.

El pasado 8 de marzo habitantes del Golfo de Santa Clara quemaron 10 camionetas oficiales, dos lanchas y tres cuatrimotos, además de que agredieron con piedras y palos a 10 inspectores federales ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para obtener permisos de captura de Curvina Golfina.

MÁS COMPENSACIONES CON DINERO PÚBLICO
La estrategia aplicada desde hace años por el gobierno federal de entregar recursos públicos para tratar de contener a las comunidades pesqueras y evitar la desaparición de la vaquita marina, no ha tenido buenos resultados, ya que la tensión continúa y los ejemplares de esta especie, única en el mundo, siguen apareciendo muertos.

Desde mayo de 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene un programa de pago de compensaciones que tiene un costo total de mil 50 millones de pesos, para que los pescadores saquen las redes del mar.

El último reporte del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) establece que la población del mamífero marino en mayor peligro del mundo cayó a 30 ejemplares y que la mayor reducción se registró precisamente entre 2015 y 2016, por la presencia de redes ilegales.

El 28 de marzo de 2016, Excélsior publicó que un pescador de nombre José Isaías Armenta Armenta murió abatido en el Golfo de Santa Clara, en un enfrentamiento con policías municipales, a quien perseguían por estar relacionado con el tráfico ilegal de pez totoaba.

El “Compa Pepe”, como le llamaban sus conocidos, recibía 99 mil 774 pesos mensuales del gobierno federal, al estar registrado como permisionario dentro del programa de compensaciones, al tiempo que realizaba pesca furtiva de totoaba, que es conocida como la “cocaína del mar”, por su alto valor en el mercado negro de China.

Las vaquitas marinas mueren ahogadas al quedar atrapadas en las redes que se utilizan para capturar al pez totoaba, una especie que también se encuentra en peligro de extinción.