Desde 2012, cuando por decreto se instauró el tópico de los derechos humanos en la agenda pública del estado, Coahuila se convirtió en la entidad con más “derechoshumaneros” por metro cuadrado. No defensores –que sí existen y muchas veces arriesgan su integridad en la práctica– sino “derechoshumaneros”. De dientes para afuera. Ya sea por moda o por acercarse a la fuente de calor (en este caso de recursos oficiales). En ellos no hay un genuino interés por el tema y a la menor provocación se revela.

Pero en marzo y abril se les cayó completamente la máscara. Me refiero específicamente al silencio cómplice de dos instituciones que reciben presupuesto estatal: la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y un área con cubículos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Arteaga, denominada Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH). Unos recomiendan –cuando lo hacen– sin facultades vinculantes, y los otros observan como mirones de palo. Es decir, materialmente de nada sirven, sin embargo entre ambos se llevan 78 millones de pesos al año.

Bajo un objetivo epidemiológico que con los días pareciera perderse de vista: prevenir y contener la dispersión y transmisión del coronavirus en los últimos 40 días en varios municipios de Coahuila se han visto afectadas o amenazadas las libertades de circulación, de reunión, de información, las económicas, las relaciones laborales, el derecho de propiedad, la protección de datos, la libertad de información y derechos políticos. Cito algunos ejemplos enunciativos.

En Parras de la Fuente (gobernado por Morena) el Ayuntamiento, sin deliberación previa en Cabildo, amenazó vía redes sociales a través de un “comunicado”, con aplicar multas por “faltas contra el bienestar colectivo”. Inclusive entrecomillaron el presunto delito como si lo citasen de algún ordenamiento jurídico no identificado, e inexistente en la realidad.

Lamadrid (PAN), por su cuenta, aplicó un toque de queda de las 21:00 a las 7:00 horas. Como si los contagios obedecieran límites municipales o como si hubiera más peligro en la oscuridad, durante las horas comprendidas en la prohibición, y por eso es necesario limitar el tránsito de personas. Por si fuera poco el municipio convocó a un programa de empleo temporal denominado “vigilante ciudadano”, a fin de que los vecinos pongan el dedo y señalen a sus vecinos que no cumplen las indicaciones. Como en la Gestapo de Hitler.

Puntos de revisión vehicular en Saltillo (PRI) y Torreón (PAN). En Arteaga (PRI) el Ayuntamiento colocó retenes en el acceso a la Sierra y en Ramos Arizpe (PRI) hizo lo mismo en el área rural. En General Cepeda (PAN) también se restringió la entrada. Monclova (PAN) emitió mensajes en Facebook con recurrentes faltas de ortografía y bloqueó su límite municipal en todos los puntos cardinales desde abril 14, coaccionando con trasladar a las personas a su casa mediante uso de la fuerza pública. El primer día que puso en práctica el ¿bando?, policías municipales, sin una capacitación especial y convertidos en jueces de control de la noche a la mañana, arrestaron a 45 personas.

El pasado jueves el secretario general de la ONU alertó sobre una crisis de derechos humanos a consecuencia del coronavirus. O este, como pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia, según se vea. Un retroceso. Ajena a la realidad nacional y apocada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, invitó vía conferencia telemática el viernes, a los municipios del país a no restringir el tránsito, un mes después de que los coahuilenses se han servido con la cuchara grande.

Pese a ello la CDHEC no ha emitido ninguna recomendación relacionada (acumula solo seis acerca de otros asuntos en 2020), y la AIDH ha hecho lo de siempre: inventarse conferencias virtuales con supuestos especialistas de Italia, programadas para julio, cuando el problema es ahora y está focalizado en San Antonio de las Alazanas. Por supuesto, ninguno de los dos ha sugerido siquiera controvertir constitucionalmente las medidas referidas.

Cortita y al pie

Y luego está la licencia social. El punto es que los derechos humanos estorban en situaciones de crisis, se convierten en una idea secundaria, y un rosario interminable de arbitrariedades ocurre con el consentimiento de la población.

En el ánimo colectivo hay un deseo punitivo de represión a los otros. Hoy más que nunca cobra vigencia la teoría de Sartre: el infierno son los otros. Es natural que se geste la paranoia en el ciudadano confinado y ubicado en la posición de receptor continuo de mensajes catastróficos: la pedagogía del miedo (y aquí abro un paréntesis: si para enseñar se necesita infundir temor no se puede considerar pedagogía). Quieren que la autoridad propine varazos a terceros, como en India, por permanecer en la calle sin causa justificada ni actividad esencial. Una proyección de su frustración por no ser ellos quienes están afuera sin acatar, en la vía pública, como cualquier día del año en condiciones de normalidad.

Nadie con dos dedos de frente discutiría que importa más preservar la vida y mantener la salud por encima de cualquier cosa. El argumento de la ponderación: que hay derechos más valiosos que otros en un determinado momento (epidemia), y por tanto unos prevalecen, lo cual es discutible a la luz de la inconmensurabilidad.

La última y nos vamos

Es importante recordar que no se ha transitado todavía (o involucionado, según se vea) hacia un estado de excepción. Cuestión que solo el Presidente de la República podría decretar.

Ahora imagínese caer en una situación de emergencia sanitaria, en manos de municipios gobernados por una banda de salvajes irreflexivos, incompetentes y falsarios. Pues ya estamos en ella y no hay quién les ponga un alto.

¿Libertad para qué?, preguntó Lenin (el ruso, no el afincado en Ciudad Acuña) cuando le preguntaron en qué momento el régimen bolchevique traería libertad a los ciudadanos. Así Coahuila hoy.