Una cosa es pretender acabar con la corrupción a golpe de retórica, anclados en una suerte de “la fuerza de la voluntad”, región 4, y otra muy diferente aterrizar mecanismos específicos y puntuales para eliminar del mapa los esquemas con los que tradicionalmente se desvían miles de millones de pesos del erario.

Por fin, una buena noticia: El Servicio de Administración Tributaria inició una cacería de empresas factureras, esas que se crean de la noche a la mañana, que los socios resultan empleados de limpieza o policías que ni siquiera saben que tienen un negocio que “vende”, desde clavos hasta tractores a gobiernos estatales y municipales, y que gracias a esto funcionarios amasan verdaderas fortunas.

El dato es revelador: se han identificado más de 8 mil de estas empresas, lo que nos da una idea del tamaño de la corrupción que galopa en la esfera pública.

Hay que aplaudir este primer gran paso. Si se dan dos o tres más, se podría aventurar que miles de funcionarios en el país pondrán a prueba eso de que gobiernan “por su amor al servicio público”. Si la 4T avanza por este camino, parece que se les va a acabar el negocio y eso sí es de aplaudirse.