México, D.F.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal exhortó a la Procuraduría capitalina y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a coordinarse y tener voluntad con el fin de esclarecer plenamente el asesinato y secuestro del joven Fernando Martí, ocurridos hace un año.

Luego de que la SSP presentara este viernes a dos presuntos responsables de este caso, desvinculados a los que señala la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como culpables, el Consejo Ciudadano pidió una aclaración del asunto, pues de otra manera –consideró- se generará una señal equivocada de la colaboración en un tema sensible para los ciudadanos, como es el secuestro.

Esta mañana, el coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, presentó a Noé Robles Hernández y José Antonio Montiel Cardoso como los responsables de plagiar y posteriormente asesinar tanto al menor Fernando Martí como al joven Antonio Equihua.

Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, fue plagiado el 4 de junio de 2008 por un grupo de personas que establecieron un falso retén policíaco en el sur de la ciudad. Dos meses después, el cuerpo del joven fue hallado dentro de un vehículo en la delegación Coyoacán.

El joven Antonio Equihua, hijo de un empresario de la Central de Abasto, fue plagiado el pasado 22 de abril y hallado muerto el 10 de mayo.

Sobre el caso Martí, la PGJDF lleva una investigación que señala como responsable del crimen a la banda de La Flor, entre cuyos integrantes actualmente procesados están Sergio Humberto Ortíz Juárez, alias “El Apá”; el ex comandante la Policía Judicial José Luis Romero Ángel, y la ex agente federal Lorena González Hernández “La Lore”.

Al respecto, El Consejo Ciudadano llamó a las dependencias de los dos niveles de gobierno a mantener una reunión para analizar la información de las investigaciones que cada una tiene sobre el caso del hijo del empresario Alejandro Martí.

“El organismo ciudadano considera que este análisis debe realizarse con la mayor voluntad institucional que demanda el caso para encontrar las coincidencias que permitan evitar la impunidad y castigar a los responsables”.

El Consejo agregó que no pueden desecharse repentinamente las investigaciones realizadas hasta ahora, sobre todo si se considera que en un Estado de Derecho, dichas investigaciones pasan por diferentes etapas, como en este caso que se encuentra en un juzgado penal, para alcanzar el pleno esclarecimiento de los hechos.

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