Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia rechazó atraer la revisión final de la condena de seis años de cárcel contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, acusado de peculado de 1.7 millones de pesos por el Gobierno de Chihuahua.

La Primera Sala de la Corte notificó hoy el desechamiento de la solicitud, presentada por el propio Gutiérrez, por la que pidió la atracción del amparo directo con el que busca revocar la condena de prisión, dictada el 27 de noviembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJCH).

Los particulares no están legitimados para solicitar atracciones a la Corte, y la Sala informó hoy que, en sesión privada del 18 de agosto, ninguno de los cinco Ministros que la integran hizo suya la petición de Gutiérrez, única manera en que el expediente hubiera podido llegar al máximo tribunal.

Ahora, el caso queda en manos de los tres Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, que desde el pasado 28 de enero admitió a trámite el amparo de Gutiérrez.

En primera instancia, el priista había sido condenado a solo tres años de cárcel y recibió el beneficio de la condena condicional; es decir, no hubiera tenido que purgar tiempo de prisión.

Sin embargo, la Séptima Sala Penal del TSJCH aumentó el castigo a seis años, con lo que, de ser negado el amparo por el tribunal federal, Gutiérrez no alcanzará beneficios de sustitución de la pena y tendrá que internarse voluntariamente o se ordenará su reaprehensión.

Este no es el único asunto contra Gutiérrez que está pendiente. La Primera Sala de la Corte aún tiene que resolver un amparo de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, que busca se le reconozca como víctima en la acusación de peculado de 250 millones de pesos presentada contra Gutiérrez en 2017.

En 2018, Gutiérrez fue exonerado de la presunta triangulación de los 250 millones desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal hacia el Gobierno de César Duarte en Chihuahua, y posteriormente hacia las campañas del PRI en 2016.

Esa causa penal fue cancelada en 2018, luego de que se resolvió que el dinero era federal y las autoridades de Chihuahua no eran competentes para perseguir el presunto delito. Si la Corte reconoce al Gobierno estatal como víctima, todo el caso podría ser reabierto por la Fiscalía General de la República (FGR).

La Primera Sala empezó a discutir el amparo de Chihuahua en privado el 18 de agosto, pero -hasta ahora- no lo ha vuelto incluir en su lista para sesión.