Chilpancingo.- Una menor de edad que fue encarcelada, luego de denunciar a su suegro por pretender abusar de ella sexualmente y exigirle 120 mil pesos que pagó para que se casara con su hijo, fue dejada en libertad en la comunidad de Dos Ríos, en la región de la Montaña de Guerrero.

Angélica, de 15 años de edad, fue liberada anoche en esa localidad del municipio de Cochoapa el Grande, luego de la intervención de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Gaytán, y el Secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SAI), Javier Rojas.

Junto con la menor también fueron liberadas sus tres hermanas y su abuela, identificada como Petra Aguilar Nava, de 70 años de edad.

Hace casi dos semanas Angélica huyó de la casa de su esposo luego que su suegro intentó abusar de ella sexualmente en dos ocasiones.

La joven se refugió en casa de su abuela a donde llegó un grupo de la Policía Comunitaria del pueblo para detenerlas.

Concepción Ventura, madre de Angélica, se percató de esta situación y varias veces acudió a la Casa de Seguridad de la Policía Comunitaria para pedir la liberación de sus familiares.

El pasado 8 de octubre, Concepción acudió a la cárcel donde tenían a su hija para darle alimentos y fue agredida por un comandante, lo que le provocó una hemorragia que ameritó su traslado al Hospital General de Ometepec, donde tuvo un aborto.

En su denuncia, Angélica señala que hace cuatro años, cuando tenía 11, sus padres la obligaron casarse en la comunidad de Joya Real con Rafael Julián, quien meses después se fue a trabajar a Estados Unidos.

Durante la ausencia de su esposo, su suegro empezó a acosarla y como lo rechazó éste empezó a exigirle la devolución de los 120 mil pesos que pagó para que se casara con su hijo.

El hombre pidió la intervención de la Policía Comunitaria para que encarcelaran a Angélica y a sus demás familiares, además de exigir la devolución de los 120 mil pesos e intereses.

Tras conocerse el caso, colectivos y organizaciones de derechos humanos demandaron la liberación de Angélica y sus familiares, así como castigo a los responsables.

“ La tolerancia de los matrimonios forzados por el Estado a la fecha ha perpetuado y abonado a fortalecer el contexto de la impunidad e indiferencia por las autoridades de todos los niveles de gobierno lo cual configura la violencia feminicida”, afirman los colectivos en un comunicado.

“ Los matrimonios forzados como el presente, violentan los derechos humanos, y la venta de niñas configura el delito de trata de personas”, añaden.

En el documento publicado en redes sociales, se cuestiona a la Policía Comunitaria y se califica de “ilegal” su actuación.

“ Se constituye (la Policía Comunitaria) en agentes del Estado, al privar de la libertad a cuatro niñas y ejercer violencia física contra Concepción Ventura Aguilar (madre de Angélica) provocándole un aborto, así como legitimar la venta de menores de edad con fines de efectuar matrimonios forzados y de castigar a una niña de 15 años por resistirse a ser violada”, acusan.