Por: Maestro César Adrián Oyervides Vaquera

Al hablar de corrupción y diseño de políticas públicas para su combate, sin duda alguna es necesario voltear a ver los esfuerzos que otros países han realizado en el tema. Naturalmente, aspectos como la cercanía y las similitudes con otros estados-nación, de tipo social, político y otra índole, podrían pronosticar el éxito (o fracaso) de alguna estrategia encaminada a erradicar este problema en nuestras sociedades. No obstante, el fenómeno de la corrupción se ha caracterizado por estar presente en todo el globo.

En ese sentido, hay latitudes que pueden servir de referencia en el proceso de definir políticas y programas efectivos para combatir la corrupción. Por ejemplo, Singapur es un país asiático caracterizado por su innovación económica y en 2021 ocupó el segundo lugar en la región Asía-Pacífico en el Índice de Innovación Global (GII) 2021, y el octavo lugar a nivel mundial en el mismo ranking, entre países como Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. The Business Times apunta que este país “ha estado entre las 10 economías que más han innovado de manera constante durante los últimos 14 años”, por lo que, sin duda, algo está haciendo bien en temas como la corrupción.

Lo anterior lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, que lo ubica en la posición número tres. Específicamente, el trabajo de esta nación y que pudiera servir para nuestro modelo, se enfoca en cuatro pilares: 1) leyes efectivas; 2) Poder Judicial independiente; 3) aplicación efectiva de la ley; y 4) un servicio público receptivo, con voluntad política y liderazgo (SNA, 2021).

A diferencia de otros sistemas de combate a la corrupción, el Gobierno de Singapur trata los casos de corrupción de manera firme, rápida y pública, y aplica multas al sector privado hasta por 80 mil dólares. Además, hay una única agencia responsable del combate a la corrupción: la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, que depende el Primer Ministro y trabaja con varias agencias gubernamentales y organizaciones privadas, lo cual le permite actuar de manera independiente y eficiente.

Asimismo, a través de la implementación de servicios electrónicos, Singapur reduce el abuso y la corrupción, al transparentar y eficientar estos espacios. En este ideal, es obligatorio el desarrollo de un Gobierno electrónico y de aplicaciones que permitan vincular al Gobierno-ciudadano y Gobierno-empresa (SNA, 2021).

Esto nos ofrece algunas pistas sobre los pendientes que tenemos en México para el combate a la corrupción. Sin embargo, nuestra actitud es distinta, pues a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil y de profesionistas, como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMNEF), han pregonado en favor de la transparencia, aún hay riesgos latentes de corrupción, por ejemplo, con el decreto presidencial por el que se permitió no transparentar obras del Gobierno federal de seguridad nacional e interés público; y que apenas se suspendió dicho decreto para efectos de la transparencia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.